Lejos de aclararse, la situación en torno a la apertura del edificio de aparcamientos para vehículos de alquiler de la Savina se complica más aún si cabe, por lo que parece ya casi imposible pensar que pueda abrir este verano. El motivo es que la Autoridad Portuaria de Balears (APB) ha rechazado la tercera propuesta de reglamento y tarifas que ha presentado la empresa concesionaria Solvalgaray Marítima, de la misma forma que lo ha hecho con las dos anteriores, al entender que no se ajusta a las condiciones de su propia oferta que ganó el concurso.

En esta ocasión las tarifas de ocupación de locales y de alquiler de plazas de parking para coches y motos se ajustan a lo aprobado en la oferta ganadora, pero Solvalgaray ha añadido una cláusula en la que indica que «es competencia exclusiva de la concesionaria decidir qué tarifas aplica». Un apéndice que le daría carta blanca para aplicar precios libres y que la APB no acepta.

Este criterio no es admitido por los técnicos del organismo portuario, ya que permitiría que la concesionaria aplicara las tarifas que considera oportunas y que casi triplican lo que marca el pliego de condiciones.

La respuesta de los 'rent a car'

Mientras, cinco empresas de alquiler de vehículos que estaban ya en el anterior edificio ocupando locales, están intentando hacer valer «su derecho preferente» a la hora de escoger local, tal y como precisa el pliego de condiciones.

El letrado que defiende los intereses de estás cinco empresas (Autos Formentera, La Mola Motorent, Llorma, Moto Rent Pujols y Formotor), Luis Tejedor, se basa en el artículo quinto del pliego de bases y condiciones del concurso, que establece que «el concesionario deberá asignar a estos locales, en preferencia respecto a nuevas peticiones, un local, de conformidad con el pliego que rige el presente concurso».

Para asegurar y demostrar que tienen interés en ocupar este edificio, estas empresas han consignado, en una cuenta ante la notaría, la cantidad de 41.253 euros que corresponde a la anualidad máxima de cinco locales, «de conformidad con el orden de preferencia establecido por la APB que tiene el edificio según el precio del pliego». Además también advierten de su interés por contar con plazas de aparcamiento.

Sin embargo ese derecho de preferencia ha sido rechazado por Solvalgaray que, en agosto de 2016, ya organizó una especie de subasta al mejor postor, obligando a los interesados en algún local a realizar una puja por lotes predefinidos de locales y plazas de parking, «con un precio de salida que triplicaba las tarifas aprobadas», aseguran estas empresas. Algo que consideran un grave incumplimiento de su derecho preferente, y por ello lo han denunciado ante la APB.

Por ese motivo, entre otros, estas empresas se sienten «extorsionadas» por la concesionaria, que no ha contestado jamás a sus requerimientos. Estos rent a car terminan solicitando a la APB que inicie «un expediente de caducidad de la concesión, por grave y reiterado incumplimiento de la condiciones» de la misma. Tejedor insiste «en la grave infracción» que comente Solvalgaray.