Podemos y PSOE negocian un cambio en la nueva ley de Urbanismo para reforzar el blindaje de los terrenos del exministro Abel Matutes en Platja d'en Bossa. Podemos ha presentado una enmienda a la propuesta de modificación de la ley de racionalización y simplificación del ordenamiento legal y reglamentario de la Comunitat Autònoma, con la finalidad de que no se pueda aumentar el aprovechamiento urbanístico ni cambiar el uso de los terrenos de Platja d'en Bossa y Cala Tarida que se pueden legalizar con la ley aprobada a finales del año pasado.

Esta modificación de la ley de racionalización y simplificación reglamentaria, que el miércoles se lleva a ponencia, se ha convertido en un cajón de sastre, al incorporar diversos cambios en la normativa urbanística y turística.

Con este cambio legislativo, Podemos pretende impedir el desarrollo del plan de excelencia proyectado por el Grupo de Empresas Matutes, que contempla un gran centro comercial, un campo de golf y la construcción de viviendas, entre otras cosas. El diputado de Podemos Aitor Morrás puntualiza, no obstante, que con esta enmienda «no se quiere evitar» el proyecto conocido popularmente como 'Eivivegas', pero, agrega, «lo que no puede ser es que en estas zonas, que ahora se pueden legalizar, se pueda sacar un mayor provecho del que ya se ha obtenido hasta el momento».

La nueva ley de Urbanismo de Balears incorporó, a propuesta del PSOE, una disposición adicional transitoria (la 14) a medida para la legalización de los terrenos de Platja d'en Bossa donde se concentran los hoteles y discotecas del Grupo de Empresas Matutes. Esta disposición también afecta a otros terrenos urbanizados en Cala Tarida. Con ello, se habilita al Ayuntamiento de Sant Josep para declarar urbanos estos espacios, que quedaron desclasificados por una sentencia judicial, a raíz de un recurso del GEN contra el Plan Territorial Insular (PTI). Como en su día el Consistorio concedió licencia para edificar (aunque no se cumplían las condiciones que marcaba la legislación urbanística), el equipo de gobierno actual, del PSOE, pidió la incorporación en la ley de esta medida excepcional para reconocer las edificaciones existentes y evitar en el futuro el posible pago de indemnizaciones a los afectados.Las críticas de la izquierda

La aprobación de esta disposición transitoria fue polémica y muy criticada tanto por el GEN como por los socios parlamentarios del PSOE. Los socialistas necesitaron el apoyo del PP para sacar adelante este punto de la ley después de que Podemos, Més y Gent per Formentera le dieran la espalda.

En su momento, el diputado socialista Damià Borràs defendió que no se podía «huir de los problemas ni esconder la cabeza debajo del ala». «¿Se debería ordenar la demolición de hoteles y discotecas construidos con licencia? ¿Qué indemnizaciones se deberían afrontar?», cuestionó Borràs durante el debate parlamentario, en el que advirtió de que «este dilema» podría «condenar a la ruina» al Ayuntamiento.

Borràs asegura ahora que se está cerrando un texto consensuado con Podemos, ya que lo que pide este grupo «no va muy en contra de la disposición transitoria 14». De hecho, el diputado socialista menorquín considera que la propuesta de Podemos es «redundante» porque, según su criterio, tal como quedó redactada la ley urbanística «no permite cambios de uso». De todos modos, recuerda que la competencia de la ordenación del territorio es del Consell a través del PTI y la urbanística, municipal. «Si el Ayuntamiento quiere convertir una zona rústica en urbanizable o comercial lo puede hacer, aunque luego se tendrá que atener a las consecuencias políticas», puntualiza.

«Si se quiere especificar más, se especifica», apunta Borràs sobre la propuesta de Podemos. También señala que este grupo podría haber presentado esta enmienda durante el debate de la ley urbanística en vez de «montar [entonces] escandalera». «Se hubiera resuelto más fácil y todos nos habríamos evitado problemas», señala.

En todo caso, el diputado socialista afirma que, a la espera de que «se perfilen algunos matices para darle coherencia jurídica, habrá acuerdo». «No habrá ningún problema», añade Borràs.

Por su parte, Aitor Morrás niega que la enmienda de su grupo sea redundante. «El texto de la ley impide construir más, pero la enmienda se refiere a los usos y el aprovechamiento urbanístico», señala el diputado de Podemos. «Que se legalice lo existente, y ya está», agrega.