La Fiscalía de Ibiza ha pedido el archivo de las diligencias reabiertas sobre la presunta contratación irregular de trabajadores y empresas en el proyecto Eivissa Crea, dependiente del Ayuntamiento, y en el que figura como investigado el primer teniente de alcalde Alfonso Molina. El escrito del fiscal, sin embargo, lleva fecha del 3 de agosto del año pasado y desde entonces el juzgado aún no ha acordado nada al respecto; de hecho, el juez ordenó la semana pasada a la Policía que continuara investigando el caso mediante el requerimiento de diversa documentación en las dependencias consistoriales.
En el escrito enviado al juzgado de instrucción número uno de Ibiza, el fiscal no ve «indicios bastantes para considerar acreditadas conductas de tipo penal, sino un conflicto del orden jurisdiccional laboral». En concreto, se detallan las declaraciones efectuadas por varios testigos llamados a testificar y de ellas el fiscal concluye que no hubo indicios delictivos en la contratación de dos empleados concretos ni en la adjudicación de plazas correspondientes a la bolsa de auxiliares del Ayuntamiento. Otras cuestiones no entran a analizarse porque ya quedaron archivadas anteriormente.
Subvención no justificada
Mientras tanto, el alcalde de Ibiza, Rafa Ruiz, se vio obligado ayer a defender a Molina de un nuevo caso, relacionado esta vez con la concesión a una empresa del concejal de una subvención del Govern por importe de 20.790 euros, según informó un medio de comunicación local. Se trataba de una ayuda para la realización de dos cursos para personas desempleadas y se abonaron en 2010.
Al parecer, Molina no llegó a justificar el gasto de esta subvención, por lo que ahora la conselleria de Trabajo le ha reclamado la devolución de ese dinero, aparte de 6.300 euros en concepto de intereses.
Molina no quiso hacer declaraciones en todo el día, pero el alcalde, al ser preguntado por los periodistas sobre este tema, recordó que los hechos se remontan a un momento en que el concejal aún no ocupaba este puesto y lo atribuyó todo a un montaje del PP, puesto que «estamos en precampaña electoral», aseguró.
«Como cualquier proceso y empresa que trabaja con la Administración, a veces se hace todo perfecto y en otras ocasiones puede que quede algo por justificar», si bien consideró que «Molina ha respondido conforme a la ley». «Cuando se tramita un proyecto europeo, se piden muchísimas cosas. Es como con la feria Eivissa Medieval: quizá alguna empresa no presenta una factura bien, entonces la Administración le reclama y que rectifique», añadió.
Cambio de método
Posteriormente, fuentes municipales explicaron: «En un momento dado, desde el SOIB se cambiaron los criterios de justificación [de facturas] y muchas empresas quedaron con dinero recibido, cursos y acciones hechas, y sin poder justificarlo porque la forma de hacerlo que se había usado hasta el momento ya no se admitía». «Esto le ha pasado también a un gran número de empresas de Balears», y aunque no detalló la cifra afirmó que «son más de 30 y 40». Entre ellas estarían la Pimeef o la CAEB.
«La consellera tiene un montón de expedientes de este tipo y no es una mala práctica de la empresa de Molina ni un caso aislado, por mucho que algunos lo quieran ver así. La Administración cambió las reglas del juego a media partida y ha afectado a muchísima gente», añadió la misma fuente.
La conselleria de Trabajo, por su parte, eludió hacer declaraciones, si bien admitió la existencia de este expediente de reclamación de cantidad económica y dijo que los afectados «pueden recurrir a los tribunales» si no están conformes con el resultado.
