Tal y como había fijado el Ayuntamiento de Sant Antoni en su decreto del pasado 18 de abril, ayer se personó una funcionaria municipal y un grupo de atestados de la Policía Local para precintar el chalé patera de la calle General Gotarredona, cuyo propietario ha ido ampliando irregularmente en los últimos años para habilitar 50 habitaciones en régimen de alquiler. Sin embargo, el casero, Agustín Sales, denegó el acceso a los agentes si no presentaban una orden judicial, de manera que estos levantaron acta de su negativa y abandonaron el lugar. Poco después, el Ayuntamientos informaba de que ya contaba con que el propietario iba a rehusar el precinto, pero que esta negativa permite a la Administración iniciar la tramitación de «multas coercitivas» por las ilegalidades cometidas, que pueden llegar a los 424.000 euros mensuales hasta que acate las órdenes municipales.

En concreto, según precisó la concejala de Urbanismo, Cristina Ribas, Agustín Sales se deberá enfrentar a una serie de multas por dos cuestiones: la primera, por no haber presentado todavía el proyecto de demolición de todas las ampliaciones del edificio que ha llevado a cabo sin licencia de construcción, cuyo valor se estima en 1.060.000 euros. Por este incumplimiento, Ribas informó de que el Ayuntamiento empezará a multarle mensualmente con una sanción hasta del 10% del valor de la superficie construida, es decir, 106.000 euros. Estas multas mensuales podrían repetirse durante doce meses en caso de continuar con su negativa, según la concejala.

106.000 euros cada diez días

Por otra parte, el hecho de llevar a cabo una actividad de alquileres en una edificación ilegal y que Agustín Sales la mantiene en funcionamiento, pese a la orden de precinto, abre la vía para que el Ayuntamiento le imponga multas cada diez días, también con un cargo de 106.000 euros. De esta manera, de continuar con su negativa a acatar el precinto y la demolición de todas las ampliaciones irregulares, Sant Antoni puede llegar a sancionar a Agustín Sales con 424.000 euros cada 30 días.

Por su parte, Sales se negó a hacer declaraciones a la prensa tras firmar el acta levantada por la Policía Local. «No escribís nada bueno de esta casa, sólo ponéis lo que le va bien al Ayuntamiento», reprochó a los reporteros que aguardaban la actuación policial.

«No sin orden judicial»

La patrulla de la Policía Local y la inspectora de Actividades del Ayuntamiento, que estuvieron acompañados por dos vehículos de la Guardia Civil y cuatro agentes de este cuerpo, llegaron puntuales a las doce del mediodía, tal y como estaba anunciado en la orden de precinto que se colgó junto a las entradas al chalé y que fue arrancado un día después. Sales salió a recibir a esta comitiva después de que llamaran a la puerta, pero desde un primer momento advirtió de que no iba a permitir su paso si no presentaban una orden judicial. Preguntado por los inquilinos que habitan la casa en estos momentos, Sales afirmó ignorarlo -«no los he contado»-, aunque sí detalló que en la casa vivía su nieto al ser requerido por la presencia de menores en la misma.

El equipo de atestados también le presentó la notificación del Ayuntamiento al último recurso que presentó contra la orden municipal, en la que también se volvían a desestimar sus alegaciones, según precisó Cristina Ribas en su comparecencia posterior ante la prensa.