Profesionales de los juzgados muestran su malestar por la sobrecarga de trabajo que, dicen, implica la orden dada por el Ministerio de Justicia el pasado 29 de diciembre según la cual tienen que trabajar con «papel cero». Critican la necesidad de escanear aún documentos y la lentitud con la que funciona el sistema informático que se usa.

«Mira, aquí tengo ocho procedimientos. Lo que antes tardaba en hacer un minuto por cada uno, ocho en total, ahora me puede llevar una hora porque hay que meterlo todo en el sistema», critican en un juzgado, en el que con las mesas repletas de expedientes se preguntan: «¿Hasta que nos reconvirtamos a papel cero cuánto tiempo pasará, cinco años?».

Y es que en los juzgados de Instrucción y Penal es habitual ver en las mesas, estanterías e incluso en el suelo de algunos despachos, decenas de expedientes y archivadores con causas que se remontan a años atrás. «¿Qué haremos con los expedientes de 2014 o 2015?», resaltan y critican que se les dijo que esto se haría «progresivamente».

«El fundamento de esta instrucción es acostumbrarse a trabajar sólo con el ordenador y no con papeles», dice la secretaria coordinadora para las Pitiusas del TSJB, Josefa Juan Marí, que detalla que la orden se refiere a lo que se tramite a partir de 2018.

Implantado en 2016

En realidad, la implantación de la Justicia digital en Ibiza empezó en 2016. «Pero muchas cosas aún se imprimían, se unían al legajo; diríamos que había como una duplicidad de expedientes», comenta la secretaria. Según Juan Marí, el objetivo ahora es que los expedientes digitales estén completos, pues «había cosas que se quedaban en el legajo sin digitalizar» y en este seguían uniéndose copias.

El delegado de Justicia del CSIF en las Pitiusas, Sabino Aramburu, reconoce que la situación no es la misma que cuando empezó la experiencia piloto: «La justicia digital lleva dos años y tiene menos problemas que antes, cuando el servidor se caía cada dos por tres y podíamos estar un día entero sin hacer nada». Pero «sigue sin funcionar como debe y eso implica un retraso en el trabajo». «Los programas del Ministerio están obsoletos», asegura, y critica la lentitud y lo poco operativo que es que los operadores jurídicos (juzgados, Fiscalía y Medicina legal) no utilicen el mismo programa todos.

El principal problema para los funcionarios es escanear los documentos que aún llegan en papel. Y es que aunque las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado se han incorporado al sistema, no sucede así con Fiscalía -sí en el ámbito civil- y los servicios sanitarios.

«Hay mucho escaneo porque el Ministerio Fiscal no está aún en digital y sus notificaciones se tienen que escanear. También lo que viene de los centros de salud, del hospital y de la Policlínica Nuestra Señora del Rosario», dice Juan Marí. La Policía Nacional está integrada «para escritos iniciadores de trámites, atestados» y no para «oficios comunicadores de trámite». Y de Guardia Civil «en teoría entra todo digital», pero surgen problemas con atestados, «sobre todo de Tráfico si hay fotografías y demás».

Fiscalía: En civil «va muy bien»

Precisamente desde Fiscalía explican que, en efecto, en civil ya están integrados en la justicia digital y funciona «muy bien» porque hay «menos trabajo». «De civil se reciben unas cien notificaciones al día» pues sólo llevan asuntos de familia, dicen. En cambio, la carga en penal es mucho más elevada, pues todo lo que se tramita en los juzgados de Instrucción, Violencia sobre la Mujer y Penal se les envía.

«Tenemos cuatro programas y para hacer un informe que son 15 segundos necesitamos 20 minutos porque tiene que pasar por todos ellos», afirman en el Ministerio Público, y añaden que «se supone que harán uno que los enlace». Resaltan que «la red no va bien, se cuelga» y que el programa para ver el expediente digital obliga a descargar documento a documento y si éstos no están numerados o tienen un nombre fácilmente identificable, deben buscar a ciegas.

Aunque sostienen que una vez que se integren será «muy cómodo no tener que trasladar la causa» y que todo esté digital, indican que «en el juicio habrá que imprimir porque para el fiscal allí no hay ordenador ni nada».

Precisamente una cuestión a tener en cuenta es la falta de medios. «Hay un escáner para todas las funcionarias. Y si una está conectada al sistema, no puede hacerlo otra; sólo hay una línea», indican fuentes de un juzgado de lo Penal.

En este sentido, Juan Marí señala que «lo suyo sería que hubiera algún escáner más, por supuesto», y asegura que se están pidiendo.

Precisamente, Aramburu explica que el miércoles pasado en los juzgados de Instrucción había dos escáneres por instancia y en los de lo Penal, uno. En Primera Instancia, por su parte, disponían de dos por juzgado pero sólo funcionaba uno. «Es una época muy difícil para nosotros», reconoce y apunta que los trabajadores «se quejan y están rebotados». Para Aramburu «hay una ausencia de coordinación en la implantación de la justicia digital». «Y los funcionarios hacemos lo que podemos», apostilla.

Juan Marí reconoce que el papel cero no será nunca una realidad ya que «el usuario, si no cambian la legislación, tiene derecho a presentar» su documentación impresa: «Por tanto, ese papel siempre estará; hay cosas que siempre estarán, pero pocas». Y apunta que mientras que en los juzgados de Primera Instancia tienen ya muy poco papel, en Instrucción y Penal no sabe cuándo se podrá llegar al objetivo marcado. «No lo veo muy cerca; la verdad es que no», reconoce la secretaria coordinadora.