El PSOE y el PP se enfrentan de nuevo por el sobrecoste de las autovías ibicencas

El PP utilizó este argumento repetidamente para tratar de rebatir, en la comisión de investigación de las autovías, las acusaciones de la izquierda por las supuestas irregularidades cometidas durante la tramitación y ejecución de las obras. Camps calificó ayer la comisión de «charlotada» y recordó «el silencio cómplice» de los partidos de la izquierda, que, en sus conclusiones, no hicieron mención alguna a la resolución de Carbonero pese a que «beneficiaba a las empresas concesionarias y lesionaba de forma flagrante los intereses públicos».

En respuesta a la pregunta de Camps sobre los motivos que llevaron a Carbonero a firmar la controvertida resolución, el conseller balear de Territorio y Movilidad, Marc Pons, recordó que el anterior gobierno progresista se encontró con la herencia de «un Govern que ha pasado a la historia por la desmedida, la malversación de fondos públicos y la corrupción». «Encontrarse proyectos con enormes vicios de construcción no debió ser tarea fácil», dijo Pons, al tiempo que resaltó que «los pliegos de condiciones y los contratos firmados estaban plagados de ambigüedades e imprecisiones, calculadas de forma deliberada, para favorecer a las concesionarias».

Dicho esto, y después de recordar que el coste real de las obras fue de 172 millones, pero que, por el sistema de peaje en sombra, la Comunitat Autònoma pagará 580 millones (hasta el año 2035) a las concesionarias, Pons subrayó que Carbonero «batalló para tratar de poner orden a todo esto».

Los 12 puntos de control en la autovía

Así, con el objetivo de proteger a su compañero de partido, el conseller de Movilidad recalcó que lo primero que había que saber era «cuántos vehículos utilizan la autovía» (se paga en función de esta cifra) y que para ello había que instalar 12 puntos de conteo a lo largo de todo el trazado y no sólo uno, como hay actualmente, a medio kilómetro de sa Blanca Dona, donde se registra un mayor tráfico y distorsiona al alza el cálculo.

Pons dijo que la resolución de Carbonero se debe entender en el contexto de la instalación de los 12 puntos de conteo, a lo que «se negó» posteriormente el PP (el entonces conseller Gabriel Company). «Si no hubiera sido así, si se hubiesen instalado los 12 puntos de conteo, la cantidad económica [con la reinterpretación de la cuantía máxima de Carbonero] habría sido irrelevante», subrayó Pons, entre las risas de la bancada del PP.

«Esto es lo que realmente sucedió, que Company no dio continuidad al buen trabajo hecho y siguió enfangando las decisiones de Mabel Cabrer [la consellera de Obras Públicas que ejecutó las obras]», agregó Pons.

Críticas también a Fanny Tur

El estudio de viabilidad económica financiera de la concesión incluye una proyección por años, durante la vigencia del contrato, del tráfico máximo de vehículos. La resolución de Carbonero, que ha sido anulada por los tribunales, indicaba que esta cifra máxima debía ser estimativa, no limitativa (si se registraba más tráfico del máximo previsto se debía pagar). El tribunal considera que al final el Govern habría pagado un 20% más.

En su réplica, Camps dijo que los únicos sobrecostes que hubo en las autovías fueron los causados por la resolución de Carbonero (antes de su anulación), los 16 millones «acreditados por sentencia» por «los destrozos y altercados del movimiento 'antiautopista' con la consellera Fanny Tur al frente y los 34.000 euros que costó la absurda comisión de investigación». «El resto de sobrecostes están sólo en su imaginación, son gaseosos, inexistentes», dijo. También puntualizó que el sobrecoste de 400 millones se debe al «mantenimiento y los intereses» de las autovías.

Pons cuestionó que el PP atribuya al mantenimiento los 400 millones de «sobrecostes» por el peaje en sombra. «Están encantados de justificar esta malversación injustificada», señaló el conseller, que alzó la voz para concluir exclamando: «Vergüenza señor Camps, vergüenza señora Cabrer, vergüenza señor Company».