La Asociación de Vecinos de Can Germà-Cala Salada ha anunciado a través de un comunicado que interpondrá un contencioso administrativo contra el Ayuntamiento de Sant Antoni para evitar la construcción de un crematorio en la zona de Can Coix. Asimismo, los vecinos han previsto manifestaciones y movilizaciones junto a grupos de padres, usuarios de la zonas deportivas, APAS, colegios, guarderías y otras plataformas sociales que están en contra de este proyecto y que ya lo han manifestado.
La asociación ha explicadp que "la creciente inquietud" de los vecinos por el anuncio de la construcción de un crematorio, que ha desencadenado "una gran alarma y preocupación social" que ha obligado a la directiva vecinal a convocar una reunión de carácter urgente.
En esta reunión han estudiado las posibles acciones a emprender para tratar de frenar la construcción de esta instalación "contaminante, nociva para la salud" de los habitantes de la zona y de los colegios e instalaciones deportivas que se ubican en su cercanía, "del todo innecesaria para el municipio, impopular y contraria a la cultura y costumbres sociales y funerarias de los sanantonienses".
La Asociación de Vecinos de Can Germá-Cala Salada ha señalado que no se opone a la construcción de un cementerio y un tanatorio que cumpla con las normativas legales "siempre que tutelen su funcionamiento y comercialización y que adecuen los accesos al mayor volumen de tráfico que estas instalaciones producirán en la zona, ya de por si saturada. "Esta situación, además, se agrava enormemente con el parking disuasorio a la playa de Cala Salada durante el verano", han recordado.
Así, la junta vecinal ha aprobado por unanimidad poner en marca las acciones preventivas necesarias para tratar de evitar la construcción de esta instalación y plantear un contencioso administrativo de suspensión del crematorio.
Los vecinos han criticado las deficiencias que presenta en su tramitación, la falta de información a los ciudadanos sobre su construcción, desarrollo, funcionamiento y posterior comercialización por parte de una empresa privada adjudicataria que lo gestionará en el futuro y que desarrollará su uso y precios según sus criterios empresariales. Esta medida preventiva irá unida a manifestaciones y movilizaciones.
