Entre los más de 25.000 expedientes que tramitó el año pasado la Oficina del Defensor del Pueblo, con Francisco Fernández Marugán al frente, se coló el tema estrella de la agenda política y social de Balears de los últimos veranos: el alquiler turístico. En su último informe anual, Fernández Marugán recoge varias quejas de dueños de pisos a causa de la controvertida regulación autonómica aprobada el año pasado.
El Defensor, incluso, se pronuncia sobre uno de los puntos que provocó más discusión en la fase inicial: la potestad de las comunidades de propietarios para prohibir esta actividad en un edificio plurifamiliar. Una potestad que quedó diluida en la tramitación posterior de la ley, que establece la obligatoriedad del huésped de firmar la recepción de una hoja con las normas básicas de convivencia.
Se establece además que la comunidad debe tener un teléfono de contacto del arrendador por cualquier incidencia que se pueda producir.
En todo caso, en referencia a las quejas recibidas durante el año pasado, el Defensor responde argumentando que el derecho de propiedad «no es ilimitado, sino que está condicionado por las normas que, en cada caso, establezcan la ley y las comunidades de propietarios».
«El alquiler turístico afecta a los derechos a la intimidad personal y familiar del resto de los residentes y a su seguridad; todos ellos, bienes y derechos dignos de protección», sostiene el Defensor del Pueblo, en su informe correspondiente a 2017.
En cualquier caso, el primer borrador de zonificación presentado el pasado enero por el Consell abre la puerta al alquiler turístico tanto en unifamiliares como plurifamiliares. La restricción, en este caso, vendrá determinada por la catalogación de zonas saturadas, donde sólo se permitirá la renta vacacional durante un máximo de 60 días al año.
Inquietud ciudadana
A la espera de que culmine la regulación, pendiente aún de la zonificación definitiva tras las aportaciones de los ayuntamientos y a expensas también del desarrollo del PIAT (plan de intervención de ámbitos turísticos), la norma ya ha generado inquietud entre algunos ciudadanos, tal y como constata la Oficina del Defensor.
«Se trataba de una actividad alegal y la nueva regulación está provocando la disconformidad de los particulares», refiere el informe del Defensor, que, en todo caso, anuncia que seguirá «atento» a la evolución de la norma «y a los problemas que pueda plantear».
Ayer, Fernández Marugán entregó el informe anual a la presidenta del Congreso de los Diputados, Ana Pastor, y al presidente del Senado, Pío García Escudero. En 2017, el departamento que dirige tramitó 25.776 expedientes, entre quejas, investigaciones de oficio y solicitudes de interposición de recursos de inconstitucionalidad. De este total de expedientes, 365 tuvieron su origen en Balears, lo que supone un incremento de casi el 30% respecto a 2016, cuando se registraron 282 quejas.
