El director del puerto deportivo Marina Botafoch, José Roselló, expresó ayer su desacuerdo con la decisión de la Autoridad Portuaria de Balears de rechazar la prórroga y ampliación de plazo de la concesión que explotan por 15 años más. «Es una posición errónea y no ajustada al ordenamiento», señaló Roselló.
La empresa a la que representa «seguirá adelante con el procedimiento administrativo natural». «Defendemos y defenderemos que nuestro proyecto es el mejor para Ibiza porque es el que permite la negociación, el ajuste y el consenso con las administraciones, las empresas y los particulares», añadió.
Sobre la argumentación esgrimida por la Autoridad Portuaria de la falta de «interés público» en la propuesta presentada por el grupo de Nicolás Mayol, Roselló señaló que dichos argumentos «parecen estructurados para defender una decisión preconcebida, cuando deberían sostenerse en la defensa del interés público como el primer y más sagrado objetivo de cualquier administración pública».
«El procedimiento de prórroga es el más social porque es el que da la oportunidad de continuidad a los titulares, amarristas y negocios del puerto», añadió el director del puerto. A su juicio, el concepto de «interés público es subjetivo». «Es claro que no podemos compararnos, por ejemplo, con el Club Náutico de Ibiza, pero nuestra gestión también es familiar», indicó.
«Un puerto ibicenco»
José Roselló aseguró asimismo: «Somos empresas de Balears que abogamos por reformar Marina Botafoch para que continúe siendo un puerto esencialmente ibicenco, definitivamente abierto a la ciudad, y con propietarios de embarcaciones y negocios de familias residentes en las islas».
La compañía a la que representa considera que el concurso para renovar la concesión no es el método más adecuado, pues en «un concurso público exclusivista los únicos beneficiados serían la propia Autoridad Portuaria, quien obtendría una mayor renta, y las empresas foráneas que usasen este puerto con fines únicamente económicos y que postulasen por precio». Por tanto, en opinión del actual concesionario, «el procedimiento de ampliación de plazo es el que permite alcanzar una propuesta técnico-económica negociada para los usuarios de la Marina».
Rechazando las críticas formuladas desde algunos colectivos, Roselló recalcó: «No queremos una marina exclusivista, sino un puerto de disfrute para todos».
En relación con la reducción de los amarres de pequeña eslora en el proyecto presentado, el director del puerto abogó por dar cabida a las embarcaciones de menor tamaño en «una marina seca que albergará hasta 124 nuevos puestos para embarcaciones». Esta es «una solución ecológica y con la tecnología más moderna de Europa».
Sobre la notificación emitida por la Autoridad Portuaria (que ha de ser ratificada por el Consejo de Administración), la concesionaria afirma que se trata de «un simple trámite de audiencia». «Defenderemos de manera legítima los derechos que nos asisten como empresa concesionaria y que son muy coincidentes con los intereses de los usuarios de las instalaciones», añadió su director.
