La Autoridad Portuaria de Balears (APB) acaba de dar portazo a las pretensiones de los actuales gestores de Marina Botafoch (un grupo liderado por el mallorquín Nicolás Mayol) de prolongar la concesión durante 15 años más a partir de 2019, cuando ésta finaliza. Aunque la decisión debe ser confirmada por el Consejo de Administración, el presidente de la APB ya ha notificado a la concesionaria que «no hay la intención» de acceder a su solicitud, por lo que el 31 de julio de 2019 terminará su explotación del puerto deportivo. La APB no quiso detallar qué sucederá a partir de entonces.
Un portavoz de la Autoridad Portuaria señaló que se ha desestimado la solicitud de prorrogar la concesión y de ampliar su plazo, aunque ahora la empresa, Puerto Deportivo Botafoch SL, tiene un periodo de 15 días para presentar alegaciones.
Para tomar esta decisión, la APB ha tenido en cuenta múltiples factores. En primer lugar, el organismo estatal «considera que no hay interés público en su propuesta, igual que lo han considerado otras administraciones interesadas», que habrían emitido informe desfavorable a la solicitud de Mayol.
Además, «la propuesta no se ajusta a la planificación actual del puerto de Ibiza», añadió el citado portavoz.
Pero, además, el proyecto no respeta la vigente ley de puertos donde se regula el funcionamiento de las prórrogas de las concesiones.
Al margen de todo ello, la APB no ha pasado por alto los «incumplimientos en las obligaciones del concesionario», como es el caso de «sobreocupaciones» en el ámbito de la concesión que no cuentan con la correspondiente autorización.
La Autoridad Portuaria no aclaró cuál es el escenario que se abrirá a partir del día 31 de julio de 2019, aunque entre las posibilidades previstas figura la convocatoria de un concurso para otorgar el puerto a otro concesionario, la asunción de la gestión directamente por parte de la APB o un periodo de transición en el que sigua explotándolo el grupo de Mayol hasta que llegue un nuevo gestor.
La concesión de Marina Botafoc correspondió, desde el mismo momento de su construcción, al empresario, ya fallecido, Enrique Fajarnés Ferrer, pero hace más de dos años el control de la empresa concesionaria pasó a manos del grupo Mayol, que tiene ahora la mayor parte de las acciones.
La citada empresa, ante las acusaciones lanzadas por amarristas y explotadores de locales, negó en todo momento que pensara levantar una discoteca en el puerto deportivo. Su proyecto contemplaba la desaparición de los amarres para pequeñas embarcaciones y su sustitución por grandes esloras.
