El conseller balear de Medio Ambiente, Vicenç Vidal, negó ayer en el pleno del Parlament, en contra de lo denunciado por la diputada de Gent per Formentera, Silvia Tur, que el sector náutico esté presionando al Ejecutivo autónomo para que no prohíba el fondeo sobre las praderas de posidonia. «No hablaría de presiones, sino de que se trata de un decreto [el que se está tramitando para preservar las praderas de esta planta marina] participado al máximo», dijo el conseller en respuesta a una pregunta del diputado de Podemos Aitor Morrás.

Vidal explicó que la tramitación del decreto se encuentra «en el último paso» del proceso de participación: ahora ha de pasar por el Consell Econòmic i Social, que debe emitir un informe preceptivo, y, después, al Consell Consultiu, el eslabón final previo a su aprobación.

Morrás recordó que en octubre de 2015 se habló por primera vez de «la intención» de aprobar un decreto para proteger la posidonia y que casi un año después, en septiembre de 2016, el conseller anunció que entraría en vigor en el verano de 2017. «Ha pasado un año y medio», lamentó el diputado de Podemos, que agregó: «Antes de cada verano se anuncian medidas que hacen pensar que se aprobará el decreto, pero nunca acaba de concretarse. La participación ciudadana es fundamental, pero no puede servir de excusa para dilatar el proceso».

Vidal resaltó que se trata de un decreto «complejo y pionero». El conseller destacó que, con 750 aportaciones, este decreto ha supuesto «un récord de participación en el portal de Transparencia», al tiempo que resaltó que las 200 sugerencias presentadas al borrador del documento «lo mejoraron» y que en el proceso de exposición pública se registraron 246 alegaciones. «El consenso es necesario para que este decreto perdure en el tiempo», advirtió.

La diputada del PP Tania Marí echó en cara a Vidal que la revisión anticipada del Plan Hidrológico de Balears «castiga y maltrata» a los agricultores, ya que les «prohíbe» la apertura de pozos. El conseller aclaró que se aplica una moratoria que impide las extracciones «en las masas sobreexplotadas», con la excepción del sector agrario. Esta excepción se aplicara a las explotaciones preferentes (profesionales), que, según Marí, «no existen en Ibiza».

El conseller reprochó al PP haber «liberalizado la apertura de pozos para uso doméstico»: «Hasta 2011 se habían autorizado 22.000 pozos y en seis años más (durante el gobierno del PP) 37.000. Ustedes no defendían el agua para los payeses. Deje se usar la agricultura como excusa para urbanizar el suelo rústico».