Los ayuntamientos ibicencos van camino de convertirse en cajas de ahorros en vez de ser fuentes de inversión en beneficio de los ciudadanos. Esto es lo que se deduce de los cada vez más abultados superávits que presentan las cuentas municipales, como consecuencia de la ley Montoro, aprobada en 2012 para contener el déficit del Estado y que prohíbe a los ayuntamientos gastar en aquello que consideren necesario, sobre todo en personal.
Lo cinco ayuntamientos tienen unos 57 millones de euros ingresados en los bancos en concepto de superávit sin poderles dar un uso inmediato, por las trabas que impone la citada Ley de Estabilidad Presupuestaria. Esa cifra, sin embargo, llega hasta los 98,3 millones si en vez del superávit se observan los remanentes de tesorería a finales de 2016, último ejercicio cerrado. La diferencia entre ambos conceptos es que el remanente es la acumulación del dinero 'sobrante' de los últimos años y parte de él puede estar ya comprometido para pagar determinados conceptos, como la amortización de deuda. En cambio, el superávit constituye la cantidad neta disponible.
La situación varía según los casos, pero el superávit más abultado corresponde a Sant Josep, que de los 34 millones de remanente de los que dispone, unos 30 son considerados superávit por la concejala de Hacienda, Paquita Ribas. Esa cifra equivale más o menos a todo el presupuesto del Ayuntamiento en un año. «Es una barbariad», admite Ribas, quien exige la inmediata derogación de la ley Montoro para poder liberar las arcas municipales y realizar los gastos «que son necesarios» para el funcionamiento diario. El alcalde, Josep Marí Ribas, destaca que el suyo es uno de los municipios de Balears con más superávit, superado sólo por el de Alcúdia. «Sólo puedes invertir el superávit en pagar la deuda, pero ya la hemos pagado», asegura.
En el caso de la ciudad de Ibiza, el Ayuntamiento tiene un remanente de 22,8 millones, de los cuales «doce millones se han invertido en amortizar deuda», detalla el alcalde, Rafa Ruiz. En abril, el Consistorio quedará ya limpio de deuda. Pero, así y todo, siguen quedando diez millones de euros que actualmente permanecen en los bancos esperando la flexibilización de las rígidas normas que impone la Ley de Estabilidad Presupuestaria. «Lo que más me irrita es que los ayuntamientos hemos hecho nuestros deberes y, en cambio, se nos trata de esta manera», lamenta.
En el caso de Sant Antoni, el remanente de tesorería ascendía al finalizar 2016, último ejercicio cerrado, a 10, 4 millones de euros. De esta cantidad, una cifra que el concejal de Hacienda, Fran Tienda, no pudo determinar, correspondería a superávit. Según calculó, éste oscilaría entre los 4 y los 10 millones. Los remanentes se han destinado sobre todo a pagar deuda. El equipo de gobierno viene lamentando de forma habitual la falta de personal que arrastran algunos de sus departamentos y la necesidad de volver a tener libertad para crear nuevas plazas en la plantilla municipal.
El Ayuntamiento de Santa Eulària, según su alcalde, Vicent Marí, tiene 27 millones de remanente, «y quedan nueve millones y pico de libre disposición». Sin embargo, Vicent Marí discrepa de los alcaldes socialistas cuando éstos afirman que no se puede hacer casi nada con el superávit. «Nosotros lo hemos ido empleando cada año, pues se pueden hacer obras de abastecimiento y saneamiento de aguas, reasfaltado de caminos, temas de medio ambiente, inversiones tecnológicas, eficiencia energética y todo aquello que no cree un gasto corriente. Y también hemos amortizado deuda», explica. Incluso los actuales nueve millones de superávit «se pueden ir gastando en este tipo de inversiones». Sí admite, en cambio, los problemas que causa la ley Montoro (a la que evita criticar) en la contratación de nuevo personal, sobre todo policías.
El municipio de Sant Joan, por su parte, acumula un remanente de 6,1 millones de euros, pero el superávit es de 1,92 millones, según detallaron a este diario los técnicos municipales del departamento económico.
El anuncio hecho por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, de aprobar en diez días un real decreto para relajar de algún modo las actuales limitaciones de gasto ha sido acogido con recelo y desconfianza por los alcaldes pitiusos del PSOE que esta semana participaron en la reunión de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) en Madrid.
El alcalde de Ibiza, Rafa Ruiz, y el de Sant Josep, Josep Marí Ribas, Agustinet, expresaron sus cautelas ante este anuncio.
