El Consell de Ibiza se opone a pagar los honorarios de un procurador de Madrid, que, inicialmente, le exigía el pago de 306.000 euros y que, luego, el Tribunal Supremo rebajó a 288.875 euros, por sus servicios en el pleito por la expropiación de los terrenos del vertedero de Ca na Putxa. Se trata de un procurador que, antes de que se pudieran recibir las notificaciones por vía telemática, prestaba sus servicios a la institución insular en los recursos que se tramitaban en el Tribunal Supremo.
El alto tribunal desestimó las pretensiones de los propietarios de los terrenos del vertedero, que reclamaban 250 millones de euros. El justiprecio quedó fijado en seis millones de euros, pero cuatro sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) elevaron finalmente la cuantía a 10 millones de euros.
La propiedad recurrió al Tribunal Supremo, pero en este caso dio la razón a la institución insular y no aumentó más la factura de la expropiación. El tribunal condenó, además, a los propietarios al pago de las costas, pero hasta el límite de 4.000 euros, que es la cuantía que percibió el letrado contratado por el Consell.
La vicepresidenta segunda, Marta Díaz, que antes de dar el paso a la política ejerció como jueza sustituta durante ocho años, sostiene que la minuta que reclama el procurador es «desorbitante». «Nunca había visto una cosa igual», asegura, al tiempo que destaca que los procuradores siempre cobran «mucho menos» que los letrados.
«Sorpresa» en la institución
Marta Díaz explica que la cuantía del contencioso era «indeterminada», pero que el procurador, a la hora de fijar sus honorarios (el pago de los aranceles obligatorios), en vez de basarse en el coste final de la expropiación de los terrenos, utilizó como referencia el dinero que reivindicaban los propietarios para sacar el máximo beneficio posible. «Nos llevamos una sorpresa cuando el procurador nos pasó la minuta de 306.000 euros», recuerda. De hecho, fue uno de los primeros asuntos que tuvo que afrontar tras el cambio de gobierno
La reacción de los servicios jurídicos de la institución fue oponerse a pagar dichos honorarios. La secretaria judicial de la sala quinta del contencioso-administrativo dictó un decreto en julio del año pasado en el que desestimaba la impugnación de la institución insular y rebajaba, eso sí, los emolumentos que exigía el procurador a casi 289.000 euros.
El Consell de Ibiza presentó luego un recurso de revisión de dicha resolución, al que el procurador se opuso. Ahora, el Tribunal Supremo ha fallado en favor del Consell de Ibiza y habilita la tramitación de la revisión de la cuantía económica fijada en el decreto de julio de 2017. No se ha entrado aún en el fondo del asunto; es decir, en si es ajustada o no la cuantía que determinó el tribunal. «Respetaremos lo que diga, como no puede ser de otra manera, pero entendemos que no se puede pagar una minuta de esta envergadura», subraya.
La vicepresidente segunda asegura desconocer el criterio que, en su día, empleó el Consell para contratar los servicios de este procurador, que ya había llevado otros asuntos de la institución. «No sé por qué se escogió a este», indica Díaz. Tampoco había presentado anteriormente una minuta con un precio tan elevado.
El Consell tuvo que pagar al final 16,5 millones de euros por la expropiación de los terrenos donde se ubica el vertedero insular, ya que tuvo que añadir 6,5 millones en intereses de demora. La concesionaria que gestiona el vertedero, la UTE Giref, es la que debía liquidar por contrato las expropiaciones, pero recurrió, en su momento, el pago de los intereses al entender que no le corresponde.
