«El objetivo del poliglotismo de los alumnos no puede entrar en contradicción con la consolidación del conocimiento de la lengua catalana, tanto para los de origen catalanófono como para los que tienen otras lenguas familiares». Es una de las conclusiones sobre la situación del catalán en Balears que detallan los filólogos Bernat Joan y Joan Melià en el informe sobre el seguimiento de la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias. Ambos han participado, como expertos, en la redacción de este análisis, resultado del foro que se celebró a finales del pasado mes de junio en Santiago de Compostela. Este documento se ha remitido ya a los gobiernos autonómicos, al Gobierno de España y al Consejo de la Unión Europea, que es el órgano encargado de la aplicación de la carta.

En el foro se abordó la situación de todas las lenguas habladas en el Estado español, «los avances, los estancamientos y los retrocesos constatados en el día a día por las comunidades de hablantes». Tanto las oficiales (aranés, catalán, gallego y vasco) como las que no lo son: amazic, árabe de Ceuta, aragonés, bable, caló y fala, así como el catalán en Aragón y Murcia, el gallego en Asturias y Castilla y León, el vasco en zonas de Navarra en las que no es oficial y el leonés y el portugués en Extremadura.

En el apartado referente a las Islas los autores acusan a los gobiernos del PP de las legislaturas 2003-2007 y 2011-2015 de desestabilizar, «por razones políticas y electoralistas más que pedagógicas», la situación lingüística en las aulas: «La inestabilidad que provocan estas fluctuaciones afecta negativamente a la eficacia de la enseñanza, y no sólo en el aspecto lingüístico». «Hace falta que las propuestas en este ámbito no se basen en la demagogia, sino en la efectividad y el sentido común», continúan los expertos en sus conclusiones, en las que acusan a los organismos del Estado de despreocuparse de las lenguas minoritarias, a pesar «de los compromisos asumidos en la ratificación de la Carta» europea. Esto, indican, «es causa de contradicciones en la aplicación de la política lingüística» en las comunidades, en función de quién gobierne en cada momento.

Joan y Melià destacan la importancia de que los medios de comunicación nacionales «respondan a la realidad plurilingüe» y fomenten «el respeto, contrariamente a lo que sucede regularmente». En este sentido, consideran necesario «aumentar la oferta de producción audiovisual en lengua catalana» y apuntan a que una primera medida «sería asegurar la recepción de todos los medios en catalán públicos y privados a todas las comunidades autónomas en los que existen territorios de habla catalana».

Ambos se muestran especialmente duros a la hora de referirse a la situación de los catalanohablantes en el ámbito de la justicia: «No se cumplen los compromisos adquiridos por el Estado en casi ningún caso y los ciudadanos que quieren ver respetados los derechos que la Carta reconoce, cuando los reclaman, se encuentran con muchas dificultades, e incluso con amenazas más o menos explícitas. Esto mismo se produce en las relaciones de la ciudadanía con las fuerzas de seguridad, sobre todo cuando se trata de cuerpos estatales».