El equipo de gobierno de Sant Josep deberá esperar para ver aprobada la modificación puntual de las Normas Subsidiarias (NNSS) que promueve y que, además de prohibir el alquiler vacacional en viviendas plurifamiliares, también contempla acabar con la moratoria para los beach clubs y restaurantes de playa restringiendo la apertura de más establecimientos de este tipo en su municipio.
Su propuesta no sólo logró ayer en el pleno el veto unánime de la oposición, que consiguió su retirada del orden del día; también consiguió unificar los criterios en contra de todos los grupos.
En síntesis, PP, Guanyem y Alternativa Insular coincidieron en criticar la «falta de información» del equipo de gobierno sobre esta propuesta porque recibieron el texto el lunes, pasadas las tres de la tarde. No entienden tampoco las «prisas» del equipo de gobierno. Y el PP denunció que la propuesta no sólo carece de informes jurídicos que la avalen; tampoco hace referencia a la nueva Ley de Urbanismo de Balears, que entró en vigor el pasado 1 de enero y que, encima, deroga la anterior ley urbanística que sí se cita en la modificación elevada al pleno.
La defensa de Guerrero
La defensa de Guerrero
El concejal de Urbanismo, Ángel Luis Guerrero, negó que la modificación se presente con prisas (dijo que lleva un año en tramitación) y se comprometió a comprobar las presuntas carencias jurídicas que les reprocha el PP.
Con este panorama, el alcalde, Josep Marí Ribas, tiró después del pleno de optimismo y dijo que espera que la modificación se apruebe en la próxima sesión plenaria, que se adelanta al 22 de marzo por la Semana Santa. «Si es por falta de información...», rezongó. Pero el problema tiene más calado.
Con nueve votos y sólo dos para alcanzar los once que necesita, el alcalde espera recabar alguno de los ocho que tienen PP (seis) y Alternativa Insular (dos), porque parece tener claro que no contará con los cuatro concejales de Guanyem.
El problema, como reconoció a este diario, es que este último grupo quiere que se incluya en el texto a las viviendas unifamiliares en la prohibición para el alquiler turístico. Marí Ribas considera que ésta es una «pequeña parte» de todas las «cosas buenas» que asegura implica esta modificación de la normativa urbanística, por lo que lamenta que no recabe más apoyos. Y es consciente de que Guanyem difícilmente dará su brazo a torcer, aunque «lo intentará», anunció.
Esta falta de optimismo se explica escuchando por streaming lo que dijo Fran Ramírez, concejal este grupo, durante el pleno: «No entendemos la incongruencia de que un piso no pueda ser un hotel y una casa diseminada, sí».
Marí Ribas discrepa y advierte de que en el municipio «hay muchas casas diseminadas y se alquilan bastante generando un movimiento económico que a nosotros nos cuesta prohibir».
«Intentaremos convencerles, pero les he recordado [a Guanyem] que quien puede regular las restricciones [al uso turístico] de las viviendas unifamiliares es el Consell. El Ayuntamiento no tiene ganas de prohibirlo en su normativa de usos», concluyó.
Sin respaldo jurídico, critica el PP
Sin respaldo jurídico, critica el PP
El concejal popular Javier Marí justificó la petición de retirada de la propuesta de su grupo por dos cuestiones: la primera, porque no se ha elevado al pleno con el consenso que anunció el equipo de gobierno. Y la segunda, por el nulo respaldo jurídico de la que aseguran adolece y porque incumple la normativa.
Además, asegura que el texto contiene unas «incongruencias tremendas» y como ejemplo niega que prohíba la música en el exterior de los negocios, como ha anunciado el equipo de gobierno. «No la pueden presentar así», concluyó Marí.
