La II Jornada de Turismo Sostenible, convocada bajo el lema 'Crecimiento responsable y capacidad de carga', concluyó anoche con el consenso de los ponentes para apostar por la creación de un observatorio entre todos los sectores, públicos, privados y sociedad civil, siguiendo la estela de la unanimidad conseguida por la Alianza por el Agua para velar por los recursos hídricos. La sala de actos de la Escuela de Turismo se quedó pequeña en un acto que presentó el director insular de Turismo, Vicent Torres Benet, que renunció a su lengua materna tras ser interrumpido por un residente alemán a los pocos segundos de iniciar su saludo de bienvenida, en un foro de ámbito local.
La primera ponencia corrió a cargo de Javier Gómez-Limón, doctor en Ciencias Ecológicas y jefe de proyectos de uso público y turismo sostenible en espacios protegidos de Europarc-España, quien puso sobre la mesa algunos indicadores que evidencian la magnitud del sector turístico, que supone el 70% del tráfico aéreo mundial y que mantiene un crecimiento exponencial. Así, de las 1.235 millones de llegadas de turistas internacionales que se produjeron en todo el mundo en 2017, «46 millones más que el año anterior», ya se prevén 1.800 millones para 2030. «¿Dónde está el límite?», preguntó al auditorio.
Gómez-Limón dio a conocer las fórmulas empleadas por Europarc para medir de manera objetiva la capacidad de acogida de un espacio natural protegido. Así, puso el ejemplo del Barranco de Masca, en Tenerife, donde se ha calculado en 242 personas al día el límite sostenible «y llegan entre 800 y mil, una cifra muy grave para los recursos».
El doctor en Biología y coordinador de la Alianza por el Agua de Ibiza y Formentera, Juan Calvo, detalló algunos indicadores obtenidos con el estudio 'Capacidad de carga socioambiental de la isla de Ibiza', que advierte de que la urbanización del litoral, tomando como referencia una franja de un kilómetro desde la costa al interior, creció en un 60,8% entre 1990 y 2012, cuando se alcanzó la cifra de 2.215 hectáreas. «Todavía quedan 1.950 hectáreas de litoral sin protección», advirtió.
Calvo también resaltó el riesgo para el mantenimiento de los recursos que supone el crecimiento a través de la oferta ilegal: «De las 25.000 nuevas plazas de vivienda turística y vacacional creadas en los últimos cinco años, sólo 7.000 son legales», mientras que las 18.000 ilegales han florecido a través de las plataformas digitales. Calvo concluyó con una pregunta que se convirtió en el reto de la jornada: «¿Por qué no un observatorio de la sostenibilidad?».
En el debate posterior, moderado por Sandra Benveniste de Ibiza Preservation Fund, el geógrafo e historiador Josep Antoni Prats valoró que existe un «amplio consenso sobre los efectos medioambientales de la masificación turística», pero también puso énfasis en el desequilibrio que puede llegar a causar en el medio social y cultural». «Se ha abandonado el medio rural y algunos núcleos se han despoblado, con desplazamiento interno de la población. «Si no sabemos invertir la situación, dejaremos una isla que habrá perdido su cultura, su lengua y, a pesar de la prosperidad económica, con amplias capas de la población bajo situaciones de precariedad por la falta de vivienda».
El biólogo del Consell de Ibiza Jaume Estarellas se mostró tajante desde el principio: «Los ecosistemas nos dan señales más que evidentes de que ya no se puede crecer más». Ejemplificó su aviso con las depuradoras, que no dan abasto y vierten un agua al mar «que crea plancton, enturbia el agua y puede matar la posidonia. Lo mismo en el caso de que se construyan más desaladoras para satisfacer la demanda, ya que «necesitan energía y echan salmuera al mar». «El litoral nos da señales de que vamos a un estado de colapso», concluyó.
La abogada y directora de los Apartamentos Migjorn, Alicia Reina, recalcó que garantizar la sostenibilidad «supone un freno económico, pero si no se toman decisiones, este destino va a morir de éxito». Reina dio paso a una seria de propuestas como «dar ventaja a los agentes turísticos en función de la calidad del turismo y de la satisfacción creada», la zonificación de las zonas residenciales y turísticas, mejorar la conectividad en invierno o un mayor control y penalización de la oferta pirata, entre otras.
En el turno de preguntas e intervenciones del público, Miquel Bonet, «el iluminado que planta almendros en Corona», esgrimió que «sólo hay saturación durante 40 días» y advirtió de la imposibilidad de alargar la temporada con las conexiones actuales. «Mi comercio en Port des Torrent es un desierto a partir de noviembre».
El director comercial de Invisa, Alejandro Sancho, puso de manifiesto los perjuicios que sufre Ibiza por la regulación europea de las conexiones aéreas. Puso el ejemplo de una compañía escandinava que pretendía operar para un turismo familiar entre abril y noviembre y que sólo pudo obtener franja para sus vuelos los martes y jueves de madrugada «porque tenían preferencia las low cost que sólo operaban 60 días pero desde hacía diez años». La compañía acabó perdiendo cuatro millones de euros en dos años y abandonó su apuesta por Ibiza como destino familiar.
