De poco le ha servido a Matthias Kühn, al menos por ahora, contar como abogado con el famoso exfiscal del caso Noos, Pedro Horrach, porque la jueza ha rechazado la petición del abogado de anular el proceso contra el empresario alemán y lo ha condenado a seis meses de cárcel por las obras ilegales que realizó en el islote de Tagomago en los años 2007 y 2008.
La sentencia no es firme y ha sido recurrida ante la Audiencia Provincial, por lo que, al menos por ahora, no tendrá que ingresar en prisión, pero si la Audiencia ratifica esta sentencia y, finalmente, los juzgados logran averiguar si el alemán cuenta con antecedentes computables, podría pasar unos meses en la cárcel. Por el momento, los juzgados españoles ignoran si Kühn tiene o no antecedentes penales.
El Ministerio Público reclamaba dos años de cárcel para este empresario alemán, propietario de la entidad mercantil Khün&Partner, y lo mismo para Guido Hecker, ejecutor de las obras ilegales en el islote, a los que acusa de la presunta comisión de un delito contra la ordenación del territorio y otro contra el medio ambiente. La Fiscalía de Ibiza reclamaba un año de cárcel por cada uno de los dos delitos.
Finalmente, la titular del Juzgado de lo Penal número 2 de Ibiza, la magistrada Martina Rodríguez, ha absuelto a los dos acusados del delito de contra el medio ambiente, pero les ha condenado por el de ordenación del territorio. Además de los seis meses de prisión, la jueza ha impuesto a Kühn y Hecker una multa de 5.400 euros a cada uno (18 meses multa a diez euros diarios) y les ha inhabilitado durante dos año para la profesión de promotor y constructor, respectivamente.
Sin autorización
Sin autorización
La sentencia señala que «las obras se realizaron sin autorización, extremo conocido por el constructor» y que «no contaban con el preceptivo de la conselleria balear de Medio Ambiente». La jueza, además, rechaza el argumento de que «el silencio administrativo amparaba la realización de las obras ante la no contestación del Ayuntamiento de Santa Eulària».
El juicio contra Kühn y Hecker se celebró el 21 de septiembre. Horrach, en sus conclusiones, insistió en que se habrían vulnerado los derechos fundamentales de su cliente porque «se ha invertido la carga de la prueba».
«Uno de los supuestos hechos delictivos por los que se acusa a Kühn ni siquiera ha sido calificado como infracción por el Ayuntamiento de Santa Eulària, la única administración competente para determinar si una obra es autorizable o no, y, por otro lado, la comisión de Medio Ambiente del Govern dictó en junio de 2012 un informe favorable sobre la legalización de la vivienda», remarcó la defensa del empresario.
