La Federación Empresarial Hotelera de Ibiza y Formentera exigió ayer al Govern a través de un comunicado una «corrección» en sus políticas sobre la problemática que afecta a trabajadores de alojamientos vacacionales y han pedido que el Ejecutivo incluya la oferta legal de viviendas vacacionales en los procedimientos habituales de supervisión y que prepare un plan para revisar las condiciones de trabajo en la oferta ilegal de viviendas vacacionales.
La patronal hotelera pitiusa se refiere en esta reclamación al Ejecutivo regional al «frente común» que los gobiernos de las comunidades de Canarias y Balears han formado para impulsar el funcionamiento de una mesa técnica creada para lograr el reconocimiento de enfermedades profesionales y abrir la posibilidad de la jubilación anticipada para varios colectivos del sector.
Desde la federación muestran su «sorpresa» tras ver cómo ha cambiado la resolución final de dichos encuentros ya que, hasta el 31 de enero, explican, se incluía un punto relativo a las viviendas vacacionales, contemplando acciones necesarias «para abordar la problemática de las condiciones de trabajo de las personas que realizan su trabajo en las viviendas».
Supresión de un párrafo
Supresión de un párrafo
La patronal lamenta que uno de los párrafos de la resolución fue suprimido «de principio a fin», cuando en la isla de Ibiza hay unas 27.000 plazas legales o legalizables en viviendas turísticas, casi un 40% de las existentes en el alojamiento tradicional.
Según la federación hotelera pitiusa, «es una muestra de desinterés, incluso dejación de funciones, no abordar la problemática de las personas que trabajan en las viviendas vacacionales», así como un ejemplo de cómo no se lucha contra la oferta ilegal y la competencia desleal.
Según explicaron en su momento los responsables de los gobiernos balear y canario, su objetivo es mejorar la calidad del empleo para el medio millón de trabajadores antes señalados (unos 150.000 en Balears y alrededor de 350.000 en Canarias), aunque se puso de relieve que los beneficios de las medidas propuestas llegarán a la totalidad de los empleados del sector en el conjunto del país.
Subrayaron ambos ejecutivos que la primera reivindicación que se dirige a la ministra de Empleo, Fátima Báñez, es que convoque de una vez la reunión de la mesa anunciada en noviembre del pasado año entre representantes del Estado y de las comunidades autónomas para abordar estas cuestiones.
Pero en segundo lugar, se señaló que el gran objetivo que se marca es el reconocimiento como enfermedades profesionales en la hostelería de una quincena de dolencias que ya están contempladas en otros sectores.
Eso supone que además de poder diagnosticarlas y fijar el tratamiento adecuado, el trabajador obtiene como ventaja el mantener la totalidad de su sueldo sin los recortes que se aplica en el caso de enfermedad común, entre otras.
