Médicos y enfermeras consideraron ayer como un significativo avance que el nuevo decreto sobre el catalán en la sanidad pública, que previsiblemente les presentará hoy el Govern, permita a todos los candidatos presentarse a las próximas oposiciones sin tener que acreditar ningún conocimiento idiomático.

Pese a esta «buena acogida» a las modificaciones realizadas entre PSIB y Més al decreto, el Sindicato Médico siguió mostrando su frontal rechazo a que el catalán sea un requisito y no un mérito para trabajar en la sanidad pública de las islas y su presidente, Miguel Lázaro, disintió totalmente con la intención de supeditar el acceso al complemento de la carrera profesional a acreditar el conocimiento de la lengua cooficial de esta comunidad autónoma una vez transcurridos los dos años establecidos como moratoria.

El nuevo decreto que regulará el conocimiento de la lengua catalana en la sanidad pública no excluirá a ninguna persona que quiera opositar para obtener una plaza pública por el hecho de no acreditar el nivel idiomático requerido que, además, se rebaja del B2 al B1 en el caso de los médicos y enfermeras y en un grado en el resto de las categorías profesionales del Servei de Salut, tal y como adelantó Diario de Mallorca ayer.

Asimismo, se dará una moratoria de dos años para que las personas que obtengan su plaza en los diferentes concursos oposición que se convoquen en los próximos meses acrediten el nivel de conocimiento idiomático requerido. Fuentes a las que ha tenido acceso este rotativo matizaron que, en caso de no hacerlo, estos trabajadores no perderán la plaza -es prácticamente imposible desalojar a un funcionario público del puesto conseguido por oposición-, pero que sí se les impedirá participar en concursos de traslados y promociones internas.

Otra de las «penalizaciones» barajadas para los nuevos funcionarios sanitarios que no acrediten el nivel de catalán a los dos años de tomar posesión de su plaza es la de que se les impedirá acceder al complemento de carrera profesional, un plus salarial al que se accede cada cinco años y que remunera la formación individual que realiza el personal sanitario por su cuenta para estar al día en los nuevos avances técnicos y asistenciales de su profesión.

«Inconstitucional»

En este punto se plantó el presidente del Sindicato Médico, Miguel Lázaro, que advirtió que supeditar una acreditación lingüística al acceso a la carrera profesional «podría ser inconstitucional. El catalán ya está incluido como mérito para acceder a este complemento y podríamos negociar un aumento de su peso pero en lo que nunca transigiremos es en que sea un requisito para percibir este plus. La carrera profesional es una de nuestras líneas rojas y un valor esencial del sindicato», subrayó el dirigente sindical que, no obstante, supeditó su postura definitiva a «leer la letra pequeña» del nuevo decreto.

En cualquier caso, Lázaro señaló que para ellos sigue siendo prioritario que el catalán sea un mérito y no un requisito.

Más conciliador, Jorge Tera, secretario general del sindicato de enfermería (Satse), estimó que las «líneas generales» del nuevo decreto adelantadas «son muy positivas» una vez «solventado el grave problema de excluir a las personas de participar en las próximas oposiciones».

Así, Tera consideró que la rebaja del nivel de catalán exigido a médicos y enfermeras, además de suscitar un menor rechazo entre los profesionales, «incentivará a los castellanoparlantes a obtenerlo por ser un nivel mucho más asequible».

Sobre lo que sí mostró sus dudas es sobre el encaje jurídico que se podrá hacer para supeditar el acceso a la carrera profesional al conocimiento del catalán, pero adelantó que acudirán a las negociaciones con el IB-Salut con «una actitud positiva para alcanzar un acuerdo».

Hoy a las 11 de la mañana están convocados los sindicatos sanitarios en comisión técnica para que el Servei de Salut les entregue el borrador del nuevo decreto que será negociado en una mesa sectorial que se convocará el próximo viernes. Tras pasar esta negociación social, el documento tendría que ir al Consell Consultiu para que este órgano se pronuncie sobre el mismo en una tramitación que se realizará por la vía urgente, aseguraron varias fuentes.

El pleno del Parlament escenificó ayer la polémica que arrastra este decreto del catalán en la sanidad. Los portavoces de Ciudadanos y PP, Pericay y Prohens, interpelaron a la presidenta Armengol sobre el tema y se cruzaron duros reproches. El más hiriente de ellos lo firmó la diputada popular, que acabó su intervención calificando a la presidenta de dolenta por anteponer su «silla» a la exclusión de miles de personas de la posibilidad de acceder a un puesto de trabajo estable por exigir el catalán para poder opositar.