El Ayuntamiento de Sant Antoni está tramitando el cobro del derribo de la mansión del músico Michel Cretu en Santa Agnès a través de la Agencia Tributaria. Después de un largo proceso judicial, con un intento infructuoso, en 2004, del Govern de Jaume Matas, del PP, de legalizar la vivienda a través de la ley de acompañamiento de los presupuestos de la Comunitat Autònoma, el 7 de mayo de 2009 entraron dos máquinas retroexcavadoras en la propiedad de Cretu para proceder al derribo de la vivienda y su estudio de grabación. Las palas echaron abajo la controvertida edificación, con una superficie total de casi 3.000 metros cuadrados, el triple de lo que autorizaba la licencia que concedió el Consistorio en 1997 y que fue declarada nula por el juzgado en noviembre de 2001.
El derribo, que ejecutó el Consistorio de forma subsidiaria, fue adjudicado a la empresa Erri-Berri S. L. con un presupuesto de casi 350.000 euros.
En la reclamación de responsabilidad patrimonial presentada ante el Ayuntamiento, por un valor de 20,1 millones de euros, las dos entidades titulares de la construcción incluían una partida de dos millones de euros en concepto de demoliciones y la reposición de la zona a su estado inicial, previo a la edificación.
La junta de gobierno de Sant Antoni ha rechazado indemnizar a la propiedad de la vivienda con el aval de un dictamen preceptivo del Consell Consultiu, tal como avanzó el jueves este diario.
«Negligencia grave»
«Negligencia grave»
El máximo órgano de consulta jurídica de la Comunitat Autònoma considera que el promotor cometió «una negligencia grave», motivo por el que cabe desestimar el pago de indemnización alguna, al emplazar la vivienda en la parte «más impactante» de la cima sin presentar un estudio de alternativas. Precisamente, el juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Palma anuló la licencia de obra concedida en 1997 por ubicar la mansión en el punto más alto de la finca, en contra de lo que determina la Ley de Espacios Naturales (LEN).
La segunda causa que provocó la anulación del permiso de obra fue la construcción de una oficina, un estudio de grabación y una sala de control, con acceso independiente y una superficie de 390,8 metros cuadrados, sin la preceptiva licencia de autorización y apertura municipal. La memoria del proyecto hacía referencia explícita a estas instalaciones, ligadas a una actividad empresarial, pero en la parte gráfica no se distinguían.
En este caso, el dictamen del Consell Consultiu señala que el redactor del proyecto cometió «una negligencia leve» y descarta una actuación «dolosa», ya que «no hubo engaño u ocultación deliberada de información».
La defensa de Cretu discrepa del contenido del dictamen y ya ha anunciado que recurrirá ante el Consistorio y los tribunales.
