La Policía Nacional ha pedido a su homóloga inglesa Scotland Yard colaboración para desmantelar las tramas implicadas en la presunta estafa a hoteles de Baleares con falsas reclamaciones por intoxicaciones, un fraude que a escala nacional superaría los 60 millones de euros. La causa principal por este delito, en la que están imputadas siete personas, entre ellas la empresaria afincada en Calvià Laura Cameron, sigue mientras tanto bajo secreto sumarial.
El caso está siendo investigado por la Policía Nacional y la Guardia Civil, pero este último cuerpo llevó a cabo a principios del pasado septiembre la operación Claims, que se saldó con siete detenciones, entre ellas las de la principal imputada Laura Cameron y su madre.
El Grupo de Delitos Económicos de la Policía Nacional ha establecido contactos con Scotland Yard para que rastree en Gran Bretaña las empresas y bufetes especializadas en reclamaciones de consumo y que estarían detrás de las presuntas estafas. La Guardia Civil, por su parte, informó el pasado septiembre de que la presunta red desmantelada en Palma -que estaría dirigida por Cameron e integrada también por tiqueteros- tenía conexiones en Inglaterra.
De momento no hay constancia de que el juzgado de instrucción 2 de Palma, encargado del caso, haya remitido a Gran Bretaña ninguna comisión judicial para recabar datos sobre las empresas de tramitación de las demandas judiciales. La Policía sí que ha utilizado los mecanismos de cooperación internacional entre estados para reclamar ayuda.
El sumario sobre las presuntas estafas sigue bajo secreto judicial y desde septiembre los siete imputados, que se acogieron a su derecho a no declarar ante el juez de guardia, no han sido citados por el juzgado.
En la causa están personados como acusaciones particulares varias cadenas hoteleras y la Federación Hotelera.
La presunta estafa consiste en formular ante la Justicia británica, donde radican los touroperadores que traen a los turistas a las islas, una reclamación por una intoxicación alimenticia que nunca ocurrió.
Los touroperadores a menudo eran condenados por los tribunales ingleses a pagar elevadas indemnizaciones a los demandantes y después repercutían estas condenas en los hoteleros mallorquines, descontándoles las indemnizaciones y las costas del dinero que les correspondía cobrar.
Captar turistas
Los tiqueteros se habrían dedicado a captar turistas para los bufetes con el reclamo de que sus vacaciones les podrían salir gratis si demandaban al hotel. La Justicia inglesa únicamente les pedía como prueba el tiquet de haber comprado en Balears un medicamento antidiarreico.
Según la Policía Nacional, los despachos de abogados habrían obtenido un beneficio del 60% de la indemnización, mientras que el 40% restante iría para el turista.
Los clientes también se captaban a través de plataformas de internet.
