Vías y Construcciones, empresa que ha ejecutado las obras de la travesía de Jesús, reclama al Consell de Ibiza, por vía administrativa, el pago de casi 155.000 euros por los sobrecostes que, según defiende, le ha supuesto el incremento del plazo de ejecución de las obras por causas ajenas que no se le pueden imputar. El proyecto, cuyo contrato de ejecución se firmó la pasada legislatura, el 2 de marzo de 2015, con un presupuesto de 1,4 millones y un plazo de ejecución de sólo cinco meses, se llevó a cabo finalmente en 21 meses y medio, contando los dos periodos de suspensión de los trabajos, el primero de seis meses (el que aprobó el PP para no interferir en la actividad turística del verano de 2015) y otro posterior de dos meses. El tiempo de ejecución de las obras se prolongó durante 13 meses y medio.

En su reclamación, el contratista argumenta que el retraso en la ejecución de las obras no se le puede imputar, «tal y como ha ido reconociendo el propio Consell a lo largo de toda la obra» y ha supuesto un incremento de los costes indirectos y generales, que se le deben compensar. Atribuye el sobrecoste a la excavación de los restos arqueológicos hallados, «no previstos en la documentación técnica del proyecto ni en la programación de los trabajos». También al desvío de una línea eléctrica existente, a instancias de Endesa, y a otros requerimientos del Ayuntamiento de Santa Eulària (para conexiones de la red de saneamiento a algunas viviendas), que supuso el derribo y la posterior ejecución de algunas partes de la obra que ya habían concluido, como aceras o bordillos, entre otros elementos.

Hasta cinco prórrogas

La cuarta prórroga solicitada por la empresa se debió a la demora que produjo la interferencia de la obra de drenaje transversal con el colector de saneamiento de Santa Gertrudis, cuyo trazado no se correspondía con el previsto en el proyecto. Hubo hasta una quinta prórroga (de 24 días, la última) por la imposibilidad de trabajar ante las fuertes lluvias que hubo a finales de 2016.

La constructora recuerda que, en el acta de replanteo de las obras, que se firmó en marzo de 2015, al final del anterior gobierno del PP, ya advirtió de que había una línea eléctrica que afectaba al saneamiento y al drenaje y que existían elementos aguas arriba y abajo de la canalización de drenaje que podían dificultar su ejecución. Del mismo modo, alertaba de la existencia de 600 metros más de una línea de teléfono. Pese a las reservas apuntadas por el contratista, en el acta de replanteo la dirección de obra consideraba que éstas no suponían un impedimento para la ejecución del proyecto.

Como gastos indirectos, la constructora se refiere a los generados por el mantenimiento de la estructura de la obra (jefe de obra, encargados, topógrafos, servicios de transporte, suministros y energía, alquileres de caseta...) que había sido dimensionada para realizar los trabajos proyectados en un periodo concreto y que por causas ajenas había aumentado. Los gastos generales se corresponden con el mantenimiento de la estructura de la empresa.

La aparición de los restos arqueológicos obligó a aprobar una modificación del proyecto, con un incremento del coste estimado de 143.259 euros, un 9,8% del presupuesto inicial.