El Consell de Ibiza se pone al día de la deuda que mantiene desde 2014 con el Consorcio Ibiza Patrimonio de la Humanidad. Y para este fin, ayer se aprobó en un pleno extraordinario la transferencia de 3,8 millones de euros desde otras partidas que «no va a dar tiempo a ejecutar» en 2017, según argumentó el conseller de Economía, Gonzalo Juan Ferragut. También señaló que, de otra forma, el dinero habría ido al remanente presupuestario sin llegarse a gastar este año.

El conseller explicó que en los presupuestos de la conselleria de Patrimonio ya se había previsto el pago de 1,3 millones de los 5,1 millones que se le debían al Consorcio por las anualidades de dos préstamos pendientes desde 2014. Pero Vila solicitó si se podía adelantar el pago del resto del dinero, por lo que se optó por la fórmula de la transferencia de partidas para poder sacar ahora del banco los 3,8 millones pendientes.

El PP se abstuvo en esta votación «no porque rechace que se paguen los préstamos», justificó el conseller Mariano Juan, sino por las áreas de las que se obtienen los fondos para pagar. Juan recordó que cuando se presentó el presupuesto de la institución insular para este año se «destacó mucho» el aumento del gasto en bienestar social y transportes y es de estas áreas de donde se saca el dinero «porque no se ha sabido ejecutar».

Dinero que «no llegará»

En concreto, el conseller popular detalló que se transfiere «un millón» desde la conselleria de Asuntos Sociales, otro más del departamento de Medio Ambiente y 800.000 euros de la conselleria de Movilidad. «A estas alturas del año hay mucha gente a quien no le ha llegado el dinero y será muy difícil que lo reciban», añadió.

Por ello, Mariano Juan aconsejó al equipo de gobierno que en las cuentas de 2018 opten por ampliar los planes insulares de obras y servicios que se financia a los ayuntamientos porque «así el dinero sí que llegará a las personas, como les gusta decir».

El conseller de Economía optó por no contestarle en el pleno, pero ante «la confusión creada» la institución lo hizo a través de su gabinete de prensa, con un comunicado para «aclarar que no se van a eliminar inversiones o ayudas», sino que el dinero procede «de remanentes y fondos ahorrados que no tenían partida presupuestaria asignada».

«No hay ni un solo euro de recorte» en el departamento de Bienestar Social, insistía la nota. En este caso, se trata de los fondos para la nueva Cartera de Servicios Sociales, prevista para 2017 aunque su trámite ha hecho que se retrase a 2018.

Garantías para es Gorg

En el pleno también se aprobó una declaración institucional en la que se reitera el compromiso del Consell con el centro de baja exigencia en es Gorg y se reafirma que aportará el 35% de su coste de funcionamiento, como se acordó en el marco de la Mesa Contra la Exclusión Social. La gestión del centro será mediante un convenio de colaboración entre la Mancomunidad de Servicios Públicos Insulares y el Consell.

Esta declaración se emitió a instancias de la junta de gobierno de la Mancomunidad, según comentó la vicepresidenta de la institución, Viviana de Sans. Esta entidad pidió en octubre pasado a los ayuntamientos que aprueben en sus respectivos plenos el reparto de los gastos del centro. También que prevean una partida en sus presupuestos de 2019 para este fin.

Por último, la junta de gobierno de la mancomunidad pidió específicamente al Consell, como aval para seguir adelante con la construcción del centro que se ha encargado a Vila, que éste se comprometiera, como hizo ayer, a suscribir anualmente el convenio para mantener es Gorg con el compromiso de adoptar un mínimo del 35% de su presupuesto «mientras esté en funcionamiento». De Sans agradeció el respaldo del grupo popular, que permitió sacar adelante esta demanda de la mancomunidad «de la forma más fácil».

El de ayer fue el primer pleno que volvió a presidir Vicent Torres después de su larga convalecencia para recuperarse del ictus que sufrió este verano. Fue una sesión ligera, con sólo dos puntos en el orden del día y apenas debate.