El presidente del Consell de Ibiza, Vicent Torres, y la vicepresidenta segunda, Marta Díaz, cerraron ayer en Madrid el acuerdo con el Ministerio del Interior y el Govern balear para la firma de un protocolo a tres bandas que permita la construcción de cuatro edificios con 120 viviendas de protección oficial en los terrenos situados justo detrás de la Comisaría de Policía.

Según informó el Consell de Ibiza en un comunicado, el Ministerio de Interior segregará la parcela en estos terrenos, que son de su propiedad, y la cederá al Institut Balear de la Vivenda (Ibavi) del Govern para que se ocupe de la construcción y gestión de los pisos. El solar sobre el que se levantarán tiene 8.000 metros cuadrados de superficie.

Posteriormente, y según el acuerdo alcanzado, el Consell de Ibiza adquirirá dos de los edificios para destinarlos a vivienda social. El tercer inmueble, que también se destinará a vivienda protegida, será gestionado por el Ibavi. El cuarto, que será el situado más cerca de la comisaría, se cederá al Ministerio del Interior, para que pueda destinarlo al alojamiento de funcionarios.

Cuatro instituciones

Cuatro instituciones

En la reunión mantenida ayer, también participaron, por parte del Ministerio, el subdirector general de Planificación y Gestión de Infraestructuras y Medios, Felipe del Pozo, y el secretario general de Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos, José Hurtado. Por parte del Govern balear, asistió el director general de Vivienda, Eduardo Vila.

El Consell afirmó que en las próximas semanas se ultimará la redacción del protocolo general de intenciones, paso previo a la firma del convenio de colaboración entre el Ministerio, el Consell y el Govern. También se deberán establecer los respectivos compromisos de actuación, aportaciones económicas y plazos de ejecución.

«Compromiso del Consell»

«Compromiso del Consell»

El presidente del Consell, nada más abandonar la reunión, mostró su satisfacción por el acuerdo y recordó el «compromiso del Consell para dar respuesta a las necesidades urgentes que tiene la isla en materia de vivienda, tanto para las familias como para los funcionarios públicos que se han de desplazar desde la Península».

Torres también destacó las dificultades existentes «para mantener funcionarios, como los de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, debido a los elevados precios de la vivienda».

«Es por ello que es muy necesario llegar a acuerdos de colaboración como este», añadió.

Esta es una de las actuaciones que piensa acometer el Govern para paliar la falta de vivienda en la isla y, por ello, aprobó una importante inversión en la materia en sus presupuestos generales del Estado para 2018.