El Ayuntamiento de Santa Eulària cerró «tarde» el expediente del primer proyecto presentado, en 2013, por el empresario farmacéutico Juan Tur Viñas para obtener la licencia de actividad de un complejo sanitario en Jesús, pero defiende que este hecho es «irrelevante» porque no tiene ninguna consecuencia «ni lo ha beneficiado ni lo ha perjudicado en nada».

Según ha podido saber este diario, en el Consistorio se afronta con «tranquilidad» la querella presentada por el propietario de la Policlínica Nuestra Señora del Rosario, Francisco Vilás, contra el alcalde, Vicent Marí, los concejales Mariano Juan (Urbanismo) y Pedro Marí (Hacienda) y contra un funcionario de los servicios económicos municipales por la presunta comisión de los delitos de prevaricación por acción y omisión, y malversación. No creen que tenga recorrido.

Vilás denuncia el supuesto trato de favor que ha recibido Tur Viñas por parte del Consistorio al no caducar el expediente cuando el promotor no subsanó las deficiencias (requerimiento de documentación, fundamentalmente) apuntadas por los técnicos e incumplió los plazos para hacerlo. La ley determina el inicio de la caducidad de un expediente cuando se superan los tres meses de plazo sin responder a los requerimientos de la Administración.

La junta de gobierno acordó en diciembre de 2014 el inicio de la caducidad del expediente, después de que un técnico municipal emitiera un informe en el que señalaba que se había superado el plazo máximo que determina la legislación. El incumplimiento de plazos se produce también en muchos de los centenares de expedientes que tramita el Ayuntamiento (también en otras administraciones) por falta de medios para controlar todas las fechas tope de respuesta, según las fuentes consultadas, que puntualizan que el inicio de la caducidad de un expediente no supone su archivo inmediato, ya que se debe dar al afectado un trámite de audiencia para que presente alegaciones.

El informe del técnico sobre el incumplimiento de los plazos, «imputables sólo al promotor» y la obligación por ello de iniciar el expediente de caducidad, se firmó el 25 de noviembre de 2014 y un mes después la junta de gobierno lo aprobó. No obstante, en vez de alegar en contra de la caducidad del expediente, Tur Viñas presentó, en junio de 2015, un nuevo proyecto para obtener la licencia de actividad. La querella de Vilás señala que se trataba del «mismo proyecto, en la misma finca y del mismo promotor» y que no se cumplían los requisitos para que se abriera un nuevo expediente porque el anterior no estaba «en absoluto finalizado» por no haberse subsanado las deficiencias.

Derecho a otro proyecto

Fuentes conocedoras del expediente apuntan que el número de visado del proyecto es distinto del anterior y que el promotor tenía «derecho» a presentar otro, el que ahora se está tramitando. También apuntan que al ser un proyecto nuevo, el promotor no tenía que subsanar las deficiencias del anterior, en contra de lo denunciado.

El pasado mes de marzo salió a exposición pública. Vilás presentó un largo listado de alegaciones en contra del nuevo proyecto, entre ellas el hecho de que se había iniciado un nuevo expediente sin formalizar el archivo del anterior y el impago de las tasas municipales (11.363 euros). El promotor defendió ante el Consistorio que ya las había abonado durante la tramitación del primer expediente.

Fue entonces cuando, según las fuentes consultadas, el Ayuntamiento constató que el anterior expediente, pese al «desistimiento tácito» por parte del promotor (al presentar uno nuevo), no se había cerrado. Este error lo subsanó la junta de gobierno el pasado 26 de septiembre, más de dos años después de la presentación del segundo proyecto. El equipo de gobierno también aprobó la liquidación de las correspondientes tasas.