Tratarán de pararlo en los juzgados. La Asociación de Vecinos de s'Eixample Nou acordó anoche en asamblea una derrama para sufragar los honorarios de un abogado que trabajará con la misión de buscar las rendijas legales que consigan retrasar la construcción del nuevo centro municipal de acogida (CAM) en el antiguo retén de la calle Vicent Serra.

Los 25 socios presentes (de un total de 60 que tiene la asociación) aprobaron por unanimidad aportar 50 euros cada uno para pagar la minuta del letrado elegido por la directiva, Carlos Perelló (que fue asesor de Urbanismo en Sant Antoni durante al alcaldía de Pepita Gutiérrez). Le han encargado dar con los «resquicios» del expediente para retrasar todo lo que se pueda la tramitación, según explicó el vicepresidente de los vecinos, Daniel Ferrer.

Tras el «nulo efecto» que ha dado la «presión social» contra el proyecto, Ferrer planteó ayer que «la vía administrativa» es el camino «más eficaz y donde más duele». De hecho, se mostró convencido en la asamblea de que si consiguen retrasar el inicio de las obras «a enero o febrero» de 2019, en plena precampaña de elecciones municipales, el propio equipo de gobierno renunciará a seguir adelante. «Hay que ganar 10 o 12 meses», insistió.

Para lo que necesitarán más fondos, así que acordaron repartir también pasquines para aumentar el número de socios entre los dos millares de residentes de la zona y lograr aportaciones para «empezar la guerra con Vila, a la que le sale gratis», como la definió Ferrer.

El letrado trabaja ya en registrar a la asociación de vecinos como entidad reconocida por el Ayuntamiento y en que se la considere como parte interesada en el proyecto del nuevo CAM.

El secretario de la asociación, Joan Clapés, anunció la incorporación del excomisario de la Policía Nacional Estanislao Pérez a la directiva como vocal -aunque ayer no acudió a la asamblea- y recordó que fue quien «inspiró» la estrategia de torpedear la tramitación.

Antes de aprobarla, la directiva dio cuenta de la última reunión con el concejal de Asuntos Sociales, Joan Ribas. «Nos invitó a una comisión para ver que todo será fantástico», ironizó Santi Yepes. En la asamblea volvió a quedar claro que los vecinos dudan del tipo de usuario que llegará a su barrio, a pesar de las restricciones impuestas a la empresa que gestiona el albergue. «Los papeles se cambian», dijo la abogada María Torres.