El Consell de Ibiza, los cinco ayuntamientos y las principales asociaciones de propietarios prevén finalizar durante este invierno un reglamento unificado en toda la isla para regular el sector del taxi y establecer un régimen sancionador para los casos de incumplimiento de las obligaciones del servicio. Así lo anunció ayer la consellera de Movilidad, Pepa Marí, y representantes municipales y profesionales tras una reunión para estudiar un borrador inicial sobre la aplicación del sistema de gestión de taxis a través del GPS, que permite distribuir los servicios a partir de la localización de los vehículos.

Unificación del servicio

Tras unificar un sistema de GPS único para toda la isla en invierno de 2015, el Consell y los diferentes municipios buscan cerrar con los profesionales «el reglamento que fije el sistema de preferencias [a la hora de adjudicar los servicios] y el funcionamiento que deberán respetar todos los taxistas, que servirá de base para que los ayuntamientos puedan sancionar a los que no se adapten a las normas», explicó Marí.

Las principales infracciones que se quieren erradicar con esta regulación son aquellos casos en que un taxista rechaza cubrir un servicio para priorizar un trayecto más rentable, que pasarán a ser multadas con una cuantía que deberá acordarse en las próximas reuniones.

«No es una costumbre que tenga mucha gente, pero sí que hay algún conductor al que le gusta elegir si piensa que conseguirán otro servicio más interesante», admitió el presidente de la Federación Insular del Taxi, Antonio Ribas. Así, el objetivo del reglamento «es regular que el taxista tenga adjudicado el servicio en el momento en que se le pasa por el GPS y no pueda rechazarlo», detalló Ribas.

De momento, sólo el Ayuntamiento de Ibiza cuenta con reglamento que incluya sanciones por incumplimientos de los conductores, aunque, de cara a tomarlo de referencia para toda la isla, «ha quedado anticuado y no recoge que hoy en día el GPS funciona para todos los municipios», según la teniente de alcalde de Sant Josep, Paquita Ribas.

«El trabajo ha cambiado mucho en los últimos cinco años y se necesita más regulación», defendió la regidora. «No puede mantenerse una autorregulación como históricamente, por lo que las administraciones han de controlar el servicio».

Se da la circunstancia de que el Ayuntamiento de Sant Antoni ya preparó su propio reglamento porque el proceso para crear uno insular «estaba parado», recordó el concejal de Transporte, Joan Torres. A la espera de su inminente aprobación definitiva en el pleno municipal, Torres avanzó ayer que quedará anulado cuando «se cierre un reglamento acordado entre todos».