Pilar Carbonell ya es historia en la conselleria de Turismo. La hasta ayer número dos de esta conselleria se vio obligada a renunciar a su cargo público como consecuencia de la decisión del juez Penalva, con la aprobación del fiscal Miguel Ángel Subirán, de llamarla a declarar como imputada en el llamado caso Cursach. Inmediatamente después de que el juzgado le comunicara su condición de investigada y la citara a declarar para el próximo día 29, Carbonell puso su cargo a disposición del vicepresidente Barceló, que aceptó su dimisión. El vicepresidente ya había anunciado el miércoles que cesaría a Carbonell si el juez la citaba como imputada, si bien no sabía que esta situación se iba a producir 24 horas después de realizar estas declaraciones. Se trata de la segunda dimisión obligada que sufre el equipo de Biel Barceló y en ambos casos esta situación se debe a que los dos ex altos cargos de la conselleria se han visto envueltos en investigaciones de corrupción. La dirección general la asumirá Antoni Sansó.

La citación de Pilar Carbonell se justifica porque aparece en una serie de sospechosas conversaciones telefónicas que mantiene con el ejecutivo Tolo Sbert, que denotan un presunto trato de favor de la directora general de Turismo hacia el empresario Bartolomé Cursach. De hecho, la Policía lo tiene tan claro que existía una relación entre Carbonell y Sbert, más allá de lo formal, que llega a afirmar en un oficio entregado al juez que la directora general prestaba «un trato de favor exclusivo y preferente». Esta contundente frase de los investigadores del Grupo de Blanqueo se relaciona con la intervención de la política en la tramitación exprés de un expediente de Cursach. Por ello, se la considera un «instrumento más al servicio de los intereses del Grupo Cursach».

No es Carbonell quien llama por teléfono a Sbert (salvo en una ocasión que responde a una llamada perdida), sino que es el ejecutivo del Grupo Cursach el que utiliza su relación con la directora general para pedirle que le ayude a dar salida a un expediente que se refiere al local Megapark. El ejecutivo tiene interés en terminar cuanto antes con esta tramitación en Turismo porque sabe que el Govern está a punto de aprobar unas nuevas normas que podrían afectarle. Se trataba de una norma que, en ningún caso, iba a tener efectos retroactivos, por lo que Cursach necesitaba cuanto antes resolver este problema en la conselleria de Turismo.

Conversaciones telefónicas

Conversaciones telefónicas

El informe de la Policía implica a Carbonell en 18 conversaciones telefónicas. No en todas las llamadas habla ella, pero sí aparece nombrada en las 18 charlas telefónicas. En las que no aparece su voz son las conversaciones que mantiene Sbert con Cursach en las que le comunica las gestiones que ha realizado con la directora general para solucionar cuanto antes el problema en la conselleria. Es decir, el empresario está enterado en todo momento de este supuesto trato de favor que va a recibir desde Turismo, gracias a la relación de confianza que mantiene su ejecutivo con Carbonell.

Pero al margen de las contundentes consecuencias políticas que ha tenido para Pilar Carbonell esta imputación, la hasta ayer directora general afronta un complicado escenario judicial, que puede afectar a su futuro personal. Aunque no se trate de una acusación definitiva, sino solo provisional, el juez Penalva imputa a la política por los delitos de tráfico de influencias, prevaricación y uso de información privilegiada. El juez da un valor de certeza al informe que ha realizado la Policía, lo que explica que tenga sólidas sospechas de que la hasta ayer directora general de la conselleria de Turismo formaría parte del grupo de políticos que habrían beneficiado, desde sus cargos públicos, los intereses del empresario nocturno más poderoso de Mallorca. Carbonell tendrá que aclarar si es cierto o no que se implicó personalmente en acelerar la tramitación de este expediente y si ofreció a Cursach un trato distinto al que dio al resto de empresarios. Como también tendrá que aclarar si es cierto que acudió en persona a las oficinas de la conselleria en el Palma Arena para recoger los documentos del Megapark y si ello lo hacía con todos los empresarios.

Por otra parte, otro juez archivó una denuncia contra Carbonell por un caso relacionado con una gasolinera de Calvià.