El debate 'Turisme, cap a on anem?', organizado por la plataforma ciudadana Prou! y celebrado anoche en el Club Diario de Ibiza, sirvió más de catarsis (y pataleta) colectiva, especialmente ciudadana, que como medio para aportar soluciones al caos estival. Todos los participantes, incluso el público, coinciden en dos cosas: primero, que la presión del turismo masificado convierte la vida de los residentes en insoportable y que, a la larga, se cargará la principal industria de la isla; segundo, que o no se hace nada o se hace muy poco para combatir ese descontrol (en forma de alquiler ilegal de viviendas, de playas convertidas en discotecas, de un tráfico endiablado...).
LEY Y DESORDEN
«Más contundencia»
El presidente de los hoteleros, Juanjo Riera, cree que la solución es muy sencilla: pasa «por hacer cumplir las leyes». Que es lo mismo que decir que no se hacen respetar en la actualidad. Desde el público, Maria Sala señaló que «hay un problema de contundencia; hace falta aplicar la ley». Mano dura, vamos. Ni leyes ni ordenanzas nuevas: a saco con lo que hay. Pero, como admitió Ángel Luis Guerrero, edil de Ordenación del Territorio de Sant Josep, no siempre es posible: «Se hacen cumplir las leyes... con los medios que tenemos». Guerrero recordó que son numerosas las vacantes en muchos de los departamentos municipales, algo que se podría solventar si el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, aflojara la mano y permitiera a los ayuntamientos dedicar el superávit a contratar más personal, inspectores en el caso de Sant Josep. O del Consell, pues el director insular de Turismo, Vicent Torres, Benet, también echó sobre las espaldas de Montoro la imposibilidad de destinar más personal a la inspección de viviendas en la isla.
CONVIVENCIA
«Un guirigay» legal
Para Juanjo Riera, Ibiza es un «guirigay» legal, por ejemplo a la hora de frenar la actividad de los party boats. party boatsCunde la ley de la selva. Se nota, especialmente, en la proliferación descontrolada de pisos destinados al alquiler para turistas, un negocio que permite forrarse a unos pocos propietarios y a plataformas como Airbnb, pero que «ha roto la convivencia», clamó Juanjo Riera, que calculó en unas 60.000 las plazas turísticas ilegales que hay en Ibiza, el 50% de las legales. Es un problema muy serio que, según insistió, sólo se podría solucionar «con un equipo de inspectores bien preparado que se dedicara a investigar y sancionar». Pero ahí se vuelve al problema original: Hacienda impide a las corporaciones locales dedicar sus superávits a incrementar plantillas.
«No tenemos un problema de convivencia, tenemos un problema de vivienda», apuntó al respecto Guerrero. «No es lógico que en Ibiza se alquilen habitaciones a 600 euros», como después de la guerra, puso como ejemplo. Y esa escasez de inmuebles se debe al desaforado alquiler turístico vacacional: «Es la primera vez en la historia de Ibiza que hay tanta gente viviendo en pisos compartidos», señaló durante el debate, y desde el público, Josep Maria Costa, exconseller socialista en el primer gabinete del presidente balear Francesc Antich.
El director insular de Turismo no cree, sin embargo, que la Administración esté con los brazos cruzados. Recordó, en ese sentido, que desde que el pasado mes de julio fue aprobada la reforma de la ley Turística se han levantado 75 actas en Ibiza por alquilar viviendas como alojamiento turístico sin el correspondiente permiso. Torres contó que, ante los requerimientos del Consell, Airbnb se ha escudado, por carta, en que su actividad nada tiene que ver con la oferta de servicios turísticos. «Seremos muy contundentes con esa empresa», advirtió. Será sancionada, anunció, con 400.000 euros, a los que se sumarán los 40.000 euros con los que será multado cada propietario que alquile ilegalmente a través de esa página web.
Muchas de las soluciones propuestas ayer se topan con la cruda realidad, por muy nobles que sean y muchos aplausos que levanten. Alfonso Rojo, presidente de la Pimeef, cargó contra aquellas empresas que, a su juicio, hacen negocio en Ibiza pero «no dejan nada» aquí, como muchos rent a car de la Península o internacionales, «que llegan a coste cero»; las plataformas de alquiler de viviendas como Airbnb; numerosos cruceros 'todo incluido', que descargan miles de turistas que, afirmó, no gastan ni un euro. «Quien no deje dinero aquí no debe poder hacer nada aquí», dijo Rojo. Sin embargo, sí que pueden: Europa ampara la libre circulación de personas y de negocios.
«DESMADRE»
«Se nos ha ido de las manos»
Rojo también está convencido, como Riera, de que «más que crear nuevas leyes, hay que hace cumplir las que ya hay». Como dijo el vicepresidente de la CAEB (Confederación de Asociaciones de Empresariales de Balears), Joan Bufí, existe un «espanto» general «ante los incumplimientos» reiterados de las normas. «Hay que poner orden y seny», señaló el hotelero, para quien «Ibiza se nos ha ido de las manos. Hay un desmadre total». Y redundó en la principal idea que protagonizó tanto la mesa redonda como el debate: «El turismo no es malo. Los malos somos nosotros, que no hacemos cumplir la ley. Me duele que no seamos capaces de arreglar esto».
