El Consell de Ibiza no halla «un encaje legal» para sacar adelante la iniciativa anunciada el pasado mes de abril de invertir siete millones del remanente del presupuesto de la institución en la compra de viviendas para hacer frente a la situación de «emergencia social» que sufre la isla. Inicialmente, se plantea la adquisición de unos 40 inmuebles, ya sea a bancos o a propietarios particulares, a través de una convocatoria pública.
La vicepresidenta primera, Viviana de Sans, reconoce que, por falta de competencia del Consell en vivienda (la tiene el Govern balear), «los juristas» de la institución insular «no acaban de ver que se pueda hacer esta inversión y aumentar el patrimonio público en siete millones». «No nos podemos gastar nada en vivienda», resalta. Para tratar de salvar esta dificultad, la institución enfoca este proyecto desde el punto de vista de la emergencia social, cuya competencia radica en los ayuntamientos.
Así, explica De Sans, según el artículo 36 de la ley de régimen local, «las entidades supramunicipales están obligadas a dar apoyo, coordinación y financiación en todas aquellas competencias de ámbito municipal en el caso de que los ayuntamientos soliciten ayuda». Pero a su vez, De Sans admite que «no deja de ser una competencia de Vivienda porque quien gestionará estos pisos será el Instituto Balear de la Vivienda (Ibavi),dependiente del Govern». «Es complicado encajarlo», reitera.
Por ello, el equipo de gobierno pretende incorporar una enmienda en la futura ley de vivienda que habilite a los consells para ejecutar este tipo de inversiones. De Sans explica que aún no se ha concretado el texto de la enmienda, cuyo plazo de presentación acaba el día 9. Si finalmente la ley recoge esta posibilidad, los técnicos podrán hacer referencia a ello en el expediente iniciado para justificar la actuación, según De Sans, quien lamenta, en todo caso, que habrá que esperar a que se apruebe la nueva legislación.
El presidente del Consell, Vicent Torres, dijo el pasado 10 de abril, tras el Consell de Alcaldes en el que se aprobó esta iniciativa, que la idea era llevar a cabo la subasta «cuanto antes».
Al problema del encaje legal se le añade el del «precio de la vivienda en Ibiza», lo que complica el éxito de la operación. «¿De qué manera se puede sacar una licitación en la que a los propietarios individuales o los grandes tenedores les interese vender sus propiedades al Consell? Es complicado», reconoce la vicepresidenta primera y también consellera de Vivienda, aunque la institución no ostente esta competencia.
Segunda opción
Segunda opción
De Sans asegura que confía «mucho» en que la nueva ley de vivienda desbloquee esta inversión, pero en el caso de que no funcione, el equipo de gobierno maneja un plan B. «Quedaría una segunda opción que sería la de pasar el dinero a los ayuntamientos para que estos lleven a cabo la compra o el alquiler de viviendas o lo que consideren»,explica.
La vicepresidente piensa que lo más acertado sería distribuir esta inversión por municipios en función de la demanda de viviendas sociales en cada uno. El Ibavi dispone de estos datos. La entrega del dinero se canalizaría a través de un convenio de colaboración, como se hace con el Plan Insular de Obras y Servicios (PIOS).
Por otro lado, la reforma del llamado edificio de Carreteras, situado junto a la depuradora de Vila, para ubicar en él algunas dependencias de bienestar social y viviendas sociales, acumula «mucho retraso» debido a cuestiones «internas» del pliego de contratación, según De Sans. Ya se encuentra en el departamento de contratación. «Estamos esperando que se adjudique y ejecute», señala. El presupuesto de este año incluye una partida de un millón de euros para llevar a cabo este proyecto.
