El Govern balear ha eliminado por falta de actividad el consorcio para la reconversión territorial y paisajística de determinadas zonas de la isla que se creó en mayo de 2009 con la finalidad de buscar fórmulas con las que compensar a los propietarios afectados por la protección, mediante la ley 4/2008, de Benirràs, Punta Pedrera, Roca Llisa y Cala d'Hort.
El consorcio estaba constituido por el Govern balear, el Consell de Ibiza y el Ayuntamiento de Sant Josep. Santa Eulària y Sant Joan rehusaron en su día constituirse en este ente, que «no ha llegado a hacer nada», según reconocía ayer la consellera insular de Territorio y Movilidad, Pepa Marí.
Precisamente, el Ejecutivo autónomo ha decidido extinguir este organismo a raíz de la auditoría sobre los consorcios de la Comunitat Autònoma elaborada en 2016 dentro del proceso de «racionalización» de la Administración. «El informe recomienda su disolución al constatar que no tiene actividad alguna», indica Marí, que asegura desconocer los motivos por los que no se ha hecho nada. El consorcio dependía de la conselleria balear de Territorio, Energía y Movilidad, pero, curiosamente, en la página web de la Comunitat Autònoma, aparece como contacto la dirección y el teléfono de la sede del Consell de Ibiza.
El consorcio se activó con un presupuesto inicial de 50.000 euros para efectuar los trabajos preliminares, con la idea de aumentar cada año dicha partida, según explicaron en mayo de 2009 en rueda de prensa el entonces conseller balear de territorio, Gabriel Vicens; su homólogo en el Consell, Miquel Ramon, y el alcalde de Sant Josep, Josep Marí Ribas, Agustinet.
Pepa Marí admite que la existencia del consorcio, aunque no sirviera para nada, tenía un coste para la Administración, ya que había «una empresa encargada de la gestión de las cuentas que se tenían que presentar cada año». «No suponía un coste muy alto», apunta la consellera insular de Territorio, quien no sabe concretar la cuantía. Nunca ha habido personal contratado por el consorcio para desempeñar sus funciones.
Marí señaló que no ha sido necesaria la constitución de una comisión liquidadora del ente porque la Comunitat Autònoma «se subroga el conjunto de derechos y obligaciones del consorcio en el momento de su disolución».
Por ahora, sólo en el caso de Ibiza, la Comunitat Autònoma ha sido condenada al pago de algo más de 18 millones de euros en indemnizaciones por la protección de parte de Roca Llisa. El Govern balear ha recurrido al Supremo.
El director general de Ordenación del Territorio del Govern, Luis Corral, reconocía en marzo en declaraciones a este diario que la protección de los parajes naturales incluidos en la ley 4/2008 supone «un coste económico» que se tiene que «asumir». «No nos hemos planteado dar marcha atrás y menos por un tema económico, a pesar de que pagar indemnizaciones no es agradable», aseguró.
