Incumplir las ordenanzas municipales sigue saliendo barato en Sant Antoni, tanto con el PP como con el PSOE en el poder. Así se desprende de las cifras de recaudación ofrecidas en el pleno de ayer por la concejala de Gobernación, Aída Alcaraz, a preguntas de la oposición. En el último año el Ayuntamiento sólo ha logrado recaudar 74.141 euros en multas por incumplimiento de las ordenanzas de limpieza, ruido, ocupación de vía pública, horarios, venta ambulante y, en general, todas aquellas relacionadas con los usos turísticos o medioambientales.
Tan exigua cantidad contrasta con el gran número de denuncias interpuestas por la Policía Local, casi 700 en total, especialmente en materia de venta ambulante (301), ocupación de vía pública (83) e incumplimiento de horarios de locales de ocio (16). Estas denuncias dieron lugar a la apertura de 232 expedientes sancionadores, muchos de los cuales aún se están tramitando.
La concejala Álvarez explicó que la tramitación de estos expedientes «no finalizará ni se ejecutará su cobro hasta finales del año que viene». De hecho, estos 74.141 euros ingresados provienen de expedientes abiertos con anterioridad al presente año en la mayoría de los casos.
La concejala confió en que esta cifra «vaya incrementándose a finales de este año».
Degradación de Verdugo
Degradación de Verdugo
En relación con la Policía Local, el pleno dio cumplimiento al dictamen del Consell Consultiu de Balears que rechaza la nulidad de los nombramientos efectuados en época del PP del inspector y el subinspector. El equipo de gobierno actual quería revisar estos nombramientos, pero el Consultiu, pese a admitir que ambos ascensos fueron ilegales, estima que la complejidad de la situación aconseja dejar el asunto como está.
El portavoz del PP, José Sala, aprovechó el resultado final del dictamen para criticar al equipo de gobierno y defender el ascenso de ambos profesionales. Sin embargo, la concejala de Gobernación se aferró a la frase literal del dictamen que afirma que «ambos nombramientos son ilegales porque los dos funcionarios carecían de la titulación necesaria» para defender la decisión del equipo de gobierno. El tripartito PSOE-Reinicia-PI se abstuvo en la votación, que pone punto final a su intento de echar atrás los dos ascensos.
La sesión plenaria de ayer aprobó por unanimidad una moción para poner en marcha el convenio de colaboración con el Consell de Ibiza para implantar el sistema de alquiler público de bicicletas.
El concejal de Movilidad, Joan Torres, recordó que el Consell instalará 60 estaciones de bicicletas en toda la isla y que cada ayuntamiento debe proponer dónde se han de ubicar. El servicio irá dirigido tanto a turistas como a residentes. Para éstos últimos las tarifas serán de entre 35 y 50 euros al año. Al menos la mitad de las bicicletas serán eléctricas.
El Ayuntamiento aprobó asimismo varias operaciones de hacienda, una de ellas por importe de 346.000 euros para pagar facturas atrasadas, y también se acordó destinar una cantidad del fondo de contingencia para efectuar una subida salarial a todos los trabajadores municipales.
