El grupo Podemos-Guanyem en el Consell de Ibiza asume que no se puede crear una empresa pública para gestionar el transporte por carretera (líneas de autobuses) y apuesta, tal como ya anunció hace unos días a este diario la consellera insular de Territorio y Movilidad, Pepa Marí, por que una sola compañía privada, y no cuatro como ahora, cubra todo el servicio de la isla. El año que viene culminan las actuales cuatro concesiones.
El coordinador de Movilidad, Gianandrea di Terlizzi, de Podemos-Guanyem, acepta por «responsabilidad» las conclusiones de los informes técnico, jurídico y económico (el acuerdo de gobierno contemplaba encargar estos estudios) que descartan la posibilidad de crear una empresa pública de transporte. «El marco legal [en referencia a la Ley Montoro, entre otras normativas] lo impide. Es una injusticia tremenda que se aplique por igual a todo el mundo, incluso a las instituciones saneadas. Esto deja claro que se trata de un corsé ideológico para evitar que crezca el sector público porque, lógicamente, no le gusta al PP, y que todo se tenga que externalizar o privatizar», explica Di Terlizzi, que agrega que actualmente no hay ninguna otra administración en toda España que pretenda poner en marcha una empresa pública de este tipo.
Pese a este revés, el socio de gobierno del PSOE en el Consell quiere que los usuarios del transporte público en Ibiza tengan «aquello que decía el programa electoral: una alternativa real y competitiva al vehículo privado». El coordinador de Movilidad asegura que, por un lado, esto se podrá conseguir a través del marco tarifario, que seguirá «siempre» en manos de la institución («los precios los establece el Consell», destaca).
En este sentido, Di Terlizzi confía en que antes de final de año se entreguen ya las tarjetas de transporte gratuito a los menores de 18 años, a desempleados de larga duración y a personas con riesgo de exclusión social. En todo caso, la consellera insular de Movilidad, Pepa Marí, aseguró ayer en declaraciones a Radio Ibiza que los menores (se calcula que unos 10.000) podrán viajar gratis a principios de 2018, con un coste anual para la institución de 600.000 euros, el mismo que supone los viajes gratuitos de los pensionistas.
«Nos dejaremos la piel»
Por otra parte, la mejora del servicio pasa por «el aumento del número de líneas, también del diseño de las mismas [se está estudiando gracias al sistema de integración tarifaria que, desde abril, proporciona información directa sobre el uso de cada trayecto], frecuencias y el tipo de vehículos». «Queremos que sean mucho más silenciosos, cómodos y menos contaminantes, algunos eléctricos», indica.
«Todo esto se verá reflejado en la nueva concesión. El usuario no notará ninguna diferencia en el hecho de que el servicio se gestione a través de una concesión o del propio Consell. Nos dejaremos la piel para que los usuarios disfruten de las ventajas que tendrían con una empresa pública», justifica.
Además, todos los trabajadores de las cuatro compañías que cubren ahora el transporte público deberán ser «traspasados» a la nueva empresa. «Nadie se irá a la calle. También se contratarán nuevas personas porque se deberán prestar más servicios que ahora y se incluirán cláusulas ambientales y sociales, de modo que los contratos laborales sean dignos y sin discriminación por género».
Tal como ya avanzó Pepa Marí, el coordinador de Movilidad también destaca que una de las condiciones del pliego de la nueva concesión única ha ser «la flexibilidad», al objeto de que la institución tenga cubierta las espaldas en el caso de que quiera introducir cambios y mejoras en el servicio y evitar, con ello, contenciosos de la compañía adjudicataria.
Di Terlizzi sostiene que el transporte público es «un servicio fundamental» en la isla «por el problema enorme de saturación de vehículos, muy superior a la del resto del Estado y que, además, supone un ahorro al evitar [por la presión del tráfico creciente] la ampliación de la red viaria, mucho más costosa». Así, la exigencia de flexibilidad a la compañía que cubra el servicio es «viable» ya que el Consell compensará los costes que afecten al beneficio acordado. «Es una inversión más que un gasto», resalta.
