Los grupos parlamentarios del PSOE, Més per Mallorca y Podemos denunciarán en los juzgados de Ibiza los supuestos delitos, que, según la comisión de investigación del Parlament, se pudieron cometer en la construcción de las autovías de Ibiza: «Presentaremos denuncia ante el juzgado de instrucción. Si hubo delito o no, aunque haya prescrito, que lo diga la sentencia», han anunciado conjuntamente los diputados David Abril (Més), Aitor Morrás (Podemos) y Enric Casanova (PSOE).

Los grupos parlamentarios del pacto destacan que «la Fiscalía se desdice a sí misma» porque no tramitó la denuncia que en 2009 presentó la Plataforma Antiautopista y ahora, en cambio, «sí aprecia indicios de delito, sobre todo de prevaricación», pero que al haber «prescrito», «no cabe» seguir adelante con la instrucción judicial. «No compartimos que se genere indefensión hacia la ciudadanía y la gestión del dinero público y a la vez impunidad de quien ha derrochado este dinero», resaltan los tres grupos parlamentarios en la nota.

Piden la dimisión de Cabrer

En una comparecencia conjunta en el Parlament, los tres grupos de la izquierda anunciaron que solicitarán por escrito a la Fiscalía que indique qué delitos habrían prescrito y sobre qué personas físicas y jurídicas. En este sentido, citaron a la exconsellera de Obras Públicas y actual diputada del PP Mabel Cabrer, a quien consideran «una de las máximas responsables políticas», y que ocupa un escaño en el Parlament. «Pediremos su dimisión», avanzaron.

«El 90% del informe de la Fiscalía se limita a copiar el texto de las conclusiones de la comisión parlamentaria de investigación, después de miles de folios estudiados, decenas de comparecencias y meses de trabajo», según los tres grupos, que lamentan que la fiscal «pase por encima de los hechos acreditados de la pasada legislatura que dieron lugar a sentencias emitidas por el Tribunal Supremo en base a informes hechos a medida de los intereses de las concesionarias y de gente vinculada a las concesionarias».

«Tampoco valora las mentiras acreditadas, como por ejemplo, la de la adjudicación directa de obras por parte de la exdirectora de Obras Públicas [Ana García] a la empresa Tragsa, dirigida por su compañero sentimental, relación negada en la comisión, que conllevarían penas de prisión», agregan. Según los diputados del pacto, la Fiscalía no puede exigir a los denunciantes que acrediten los delitos para que se pueda incoar procedimiento penal.

PSIB-PSOE, Podemos y Més per Mallorca expresaron su satisfacción por el trabajo realizado en la comisión de investigación del Parlament, que consideran que ha permitido «destapar los chanchullos de las empresas concesionarias, con la connivencia de determinados políticos», y la renegociación de los términos de las concesiones en beneficio de la Administración pública, lo que «ha ahorrado millones de euros a los ciudadanos». «Luchar contra la corrupción no sólo es necesario, sino que es rentable», recalcan.

«Un fraude y la mayor mentira»

Por su parte, el grupo del PP preguntará en el Parlament cuál ha sido el coste de la comisión de investigación, que, según el diputado Miquel Jerez, ha sido «un fraude y la mayor mentira de esta legislatura». «Ha quedado demostrado que la comisión de investigación sobre las carreteras de Ibiza promovida por la izquierda no buscaba la verdad, sino que perseguía deliberadamente la humillación y el linchamiento público de los que ejecutaron una de las infraestructuras más importantes de la isla».

El diputado ibicenco considera que el decreto de la Fiscalía demuestra que el PP tenía razón «desde el principio y hasta el final» y que no existen actuaciones penalmente imputables al Partido Popular en relación a la planificación, adjudicación y ejecución de las autovías. «Lo dijeron las auditorías, la abogacía de la comunidad autónoma, los servicios de Intervención, sentencias judiciales y ahora la propia Fiscalía», recalcó Jerez, para quien la comisión de investigación ha sido «un cuento chino, una performance política que sólo ha servido para perder muchos meses de trabajo innecesario y una cantidad de dinero público que nunca debería haber sido desperdiciada de esta manera».

Además, Jerez criticó que se haya hecho «un abuso infame de una institución pública como el Parlament para perseguir al PP diez años después». Según el diputado del PP, la izquierda constituyó una comisión de investigación a su conveniencia sin la participación de la oposición, «eligieron los actores, el escenario y el reparto y se trató a muchos de los comparecientes como presuntos criminales y se confeccionaron las conclusiones sin dejar participar al PP». «Fue la comisión de la revancha, el odio y de la venganza», añadió.

Así, Jerez recordó que se celebraron más de 16 sesiones parlamentarias a las que asistieron más de 50 comparecientes, con «un importante impacto económico para dietas pagadas a diputados y pernoctas, billetes de avión, gastos de comparecientes, y horas extras pagadas a funcionarios del Parlament». «Alguien debe responder por todo esto», advirtió.