La Fiscalía frena de golpe el recorrido penal de la investigación parlamentaria de las autovías. La coordinadora del Ministerio Público en Ibiza, María del Carmen Navarro, ha decretado el archivo de las diligencias de investigación penal sobre las supuestas irregularidades cometidas durante la gestación y construcción de las autovías al entender, por un lado, que «los indicios» que apunta el dictamen de conclusiones de la comisión son «insuficientes para formular denuncia ante el juzgado de instrucción» y, por otro, los supuestos delitos apuntados, al haberse cometido entre los años 2004 y 2007, habrían «prescrito».

La comisión de investigación del Parlament acordó hace unos meses entregar su informe de conclusiones a la Fiscalía Anticorrupción de Balears, que lo ha pasado al Ministerio Público de Ibiza, y al magistrado de la Audiencia Nacional que investiga la financiación irregular del PP en Madrid.

Irregularidades administrativas. Pese a apuntar que el proceso de contratación y ejecución de las obras podría estar «plagado de irregularidades administrativas (expropiaciones, deficiencias en el proyecto inicial y las posteriores modificaciones)», la fiscal de Ibiza destaca que esto «no conlleva per se, la comisión de tipos delictivos penales, sin perjuicio de la existencia, en su caso, y si así lo determinara la vía contenciosa, de nulidad de pleno derecho de todo el proceso de contratación y ejecución o vicios de anulabilidad de determinadas cláusulas o actuaciones administrativas».

En este sentido, el escrito remitido al Parlament destaca que «no es labor de la Fiscalía hacer una revisión de oficio (que no ha hecho la Administración) de todo el proceso de licitación y contratación administrativo, pues las irregularidades en que se pudiera haber incurrido deben verse o haberse visto en la correspondiente vía del contencioso administrativo».

La fiscal también informa al Parlament de que, pese a su decisión de archivar las diligencias y no seguir adelante con una denuncia penal, éste tiene «derecho a interponer una denuncia por estos hechos ante los juzgados de instrucción de Ibiza». Así lo harán los grupos parlamentarios del PSOE, Podemos y Més (ver página 5).

Tierra del golf de Matutes. En cuanto a los supuestos delitos de tráfico de influencias, uso de información privilegiada y prevaricación por «la presunta ventaja competitiva de la empresa Matías Arrom Bibiloni» (constructora de la autovía del aeropuerto) y el acuerdo de ésta con el Grupo de Empresas Matutes para aprovechar la tierra de las excavaciones para el campo de golf proyectado por la compañía del exministro («destacado e influyente miembro del PP») en Platja d'en Bossa, la Fiscalía mantiene que habrían prescrito, «por lo que no procede presentar denuncia y apertura de causa judicial por tales hechos».

El 1% cultural y los daños sobre el patrimonio arqueológico. El Ministerio Público sostiene la misma posición sobre la omisión de la aplicación del 1% del presupuesto de las obras a inversiones culturales, que, según el dictamen jurídico penal de la Universidad Carlos III, se debería considerar «un supuesto claro de prevaricación». «Al remontarnos a hechos ocurridos en 2005, finalizando las obras en 2007, lo cierto es que estaríamos ante un delito ya prescrito», insiste la fiscal.

En cuanto a los daños causados al patrimonio arqueológico, el escrito de la Fiscalía recuerda que los hechos «ya han sido judicializados», con una sentencia absolutoria, «por lo que no pueden ser objeto de una nueva denuncia».

Las sospechas sobre Carlos Jover. La fiscal tampoco aprecia «datos objetivos constitutivos de una infracción penal» en el hecho de que el exdirector de Obras Públicas Carlos Jover (entre 2004 y 2007) emitiera en marzo de 2013, entonces como jefe de departamento, un informe que avalaba una serie de sobrecostes (por los altercados) y que ha supuesto una sentencia que obliga a la Comunitat Autònoma a pagar 30 millones de euros más a las concesionarias.

La Fiscalía entiende que puedan existir «sospechas en cuanto a la imparcialidad» de Jover, pero agrega que «no consta acreditado» que se aprovechara de su condición de trabajador público «para forzar o facilitar su participación en el negocio de las autopistas o la obtención de una ventaja particular con las empresas concesionarias». Recuerda, además, que su informe fue solicitado por un superior, la entonces directora general de Obras Públicas, Ana García.

Pago de comisiones. La representante del Ministerio Público llega a la misma conclusión en torno al sobrecoste ocasionado por las deficiencias en el drenaje, y al 2% del presupuesto destinado al pago de tareas de comunicación y que, para la comisión parlamentaria, constituye «un indicio del pago de comisiones al PP». «Nos encontramos ante sospechas que se fundan en lo elevado de la cantidad y en el manejo discrecional del dinero... pero tales sospechas no han sido objeto de acreditación suficiente a la vista de la documentación anexa, no pudiendo afirmarse, con pruebas objetivas, que los pagos realizados por las concesionarias no se correspondieron con facturas reales de publicidad».

Gestión «imprudente y poco diligente». La fiscal entiende que los sobrecostes y los litigios judiciales tienen su origen «en decisiones políticas erróneas» previas a la construcción de las carreteras. «Pudiera decirse que la Administración balear, en los años 2004 a 2007, incurrió en decisiones equivocadas (o incluso, pudiera ser, constitutivas de ilícito penal de prevaricación, pero ya prescrito)», señala el escrito de la Fiscalía, que agrega: «Y que gestionó [el Govern balear] el tema de las carreteras de Ibiza de forma apresurada, como indica la comisión del Parlament, y de manera imprudente y poco diligente».