La Fiscalía de Ibiza ha decretado el archivo de las diligencias de investigación penal sobre las supuestas irregularidades cometidas durante la gestación y construcción de las autovías de Ibiza. El Ministerio Fiscal inició esta actuación a raíz de las conclusiones de la comisión de investigación del Parlament. El Parlament remitió las conclusiones del dictamen a la Fiscalía de General de Balears y ésta lo pasó al área de Eivissa.

La fiscal de Ibiza Carmen Navarro concluye que los supuestos delitos apuntados por la comisión, al cometerse entre los años 2004 y 2007, habrían "prescrito".

Se refiere, por ejemplo, a los supuestos delitos de tráfico de influencias, uso de información privilegiada y prevaricación por la presunta ventaja competitiva de la empresa Matías Arrom Bibiloni (autovía del aeropuerto) y el acuerdo de ésta con el Grupo de Empresas Matutes para aprovechar la tierra de las excavaciones para el campo de golf proyectado por la compañía del exministro en sus terrenos de Platja d'en Bossa. "Los delitos que, en su caso, pudieran haberse cometido, estarían prescritos, por lo que no procede presentar denuncia y apertura de una causa judicial por tales hechos", remarca el escrito de la fiscal.

Lo mismo dice con referencia a la omisión de aplicar el 1% del presupuesto de la obra a inversiones culturales, que, según el dictamen jurídico penal de la Universidad Carlos III, se consideraba "un supuesto claro de prevaricación". "Al remontarnos a hechos ocurridos en 2005, finalizando las obras en 2007, lo cierto es que estaríamos ante un delito ya prescrito", insiste.

Asimismo, el escrito remitido al Parlament destaca que "no es labor de la Fiscalía hacer una revisión de oficio (que no ha hecho la Administración) de todo el proceso de licitación y contratación administrativo, pues las irregularidades en que se pudiera haber incurrido deben verse o haberse visto en la correspondiente vía contencioso administrativo".

La fiscal apunta que "los sobrecostes y litigiosidad originada en los años posteriores a 2007, en lo relativo a la gestión de la concesión, tiene su origen, en decisiones políticas erróneas". "Pudiera decirse que la Administración balear, en los años 2004 a 2007, incurrió en decisiones equivocadas (o incluso, pudiera ser, constitutivas de ilícito penal de prevaricación, pero ya prescrito)", señala, para agregar acto seguido: "Y que gestionó el tema de las carreteras de Ibiza de forma apresurada, como indica la comisión del Parlament, y de manera imprudente y poco diligente, y ello ha dado lugar, en legislaturas anteriores y en la actual a un alto grado de litigiosidad con las empresas concesionarias, pero estos sobrecostes derivan de modificaciones del proyecto inicial, o de deficiencias o interpretaciones de tales proyectos y contratos, y no de decisiones políticas / administrativas posteriores al año 2007 (o por lo menos no menciona la comisión tales acuerdos o decisiones posteriores) que pudieran considerarse constitutivas de ilícito penal".

La fiscal también informa al Parlament balear de que, pese a su decisión de archivar las diligencias y no seguir adelante, éste tiene "derecho a interponer una denuncia por estos hechos ante los juzgados de instrucción de Ibiza".