Miguel Ángel Romero, secretario general de la Federación de Empleados Públicos de UGT, estimó ayer que la consideración del catalán como requisito para poder trabajar en la sanidad pública de las islas es un tema ya superado desde la aprobación de la nueva ley de Función Pública que así lo establece y recordó que en todas las comunidades autónomas con lenguas cooficiales excepto en Euskadi así está regulado.

«En Galicia es un requisito como lo es en Cataluña desde hace más de veinte años. En Balears estamos en vías de que lo sea y en Valencia también lo será. Tan solo en Euskadi no lo es», recapituló.

El líder sindical realizó estas declaraciones tras un nuevo intento frustrado de constituir la mesa sectorial de Sanidad para discutir el borrador del decreto del catalán presentado a los agentes sociales, reunión que finalmente no pudo celebrarse por la segunda inasistencia consecutiva del sindicato médico (Simebal) y el de enfermería (Satse), centrales que ostentan la mayoría de este órgano de negociación.

Sobre esta incomparecencia, que los dos sindicatos ausentes habían justificado con anterioridad en la nula intención del Servei de Salut de introducir ningún cambio en un documento consensuado con la dirección general de Política Lingüística, en manos de Més, el líder ugetista lamentó que se hubiera perdido una oportunidad de negociación y confió en que esta actitud no se trasladara a todos los temas pendientes de negociación en mesa sectorial.

Sin agravios comparativos

Sin agravios comparativos

Pese a la ausencia de debate en torno al borrador presentado, Romero emplazó al IB-Salut a evitar que la implantación de este requisito genere agravios comparativos entre las diferentes categorías profesionales que desarrollan su trabajo en la sanidad pública.

En este punto recordó que mientras que a un trabajador fijo del IB-Salut se le impedirá participar en concursos de traslados y comisiones de servicios si no presenta antes el certificado del nivel catalán que le corresponda por su categoría profesional, de esta exigencia quedarán excluidos trabajadores de otros servicios de salud nacionales que podrán participar en estos procedimientos de movilidad y se les dará un plazo de dos años para aprender la lengua.

En parecido sentido se pronunció Xisca Galmés, secretaria autonómica del sindicato de técnicos de enfermería (SAE), que advirtió de que los representantes sindicales de médicos y enfermeras pueden seguir bloqueando la constitución de la mesa sectorial gracias a la mayoría que ostentan (el 52%). También valoró Galmés el nuevo decreto resaltando que no discrimina a unos trabajadores del Servei de Salut sobre otros y recordando que exige a los trabajadores un conocimiento del catalán inferior al de otras instituciones.

Por último, CCOO también lamentó que «el derecho a la negociación que tienen todos los trabajadores y trabajadoras del Servei de Salut a través de sus representantes sindicales, se haya visto bloqueada ante la falta de quorum reiterada por parte de los sindicatos corporativistas Simebal y Satse».