El Consell Consultiu de Balears ha rechazado la pretensión del Ayuntamiento de Sant Antoni de anular el ascenso a inspector del Jefe de la Policía Local, Javier Verdugo, porque «la complejidad de los supuestos estructurados en el ordenamiento jurídico autonómico» impiden determinar si «tenía o no derecho» a ser eximido de la titulación necesaria para el cargo.
El Consultiu, máximo órgano de asesoramiento jurídico de Balears, confirma que la decisión de ascender a Verdugo fue irregular, pero señala que «el peso de la ilegalidad descansa sobre la Administración, no sólo en el Ayuntamiento, sino también en el Govern» y, por lo tanto, «no se puede trasladar al empleado público en exclusiva la ilegalidad del nombramiento, según reza el dictamen, que es de carácter vinculante.
El Ayuntamiento de Sant Antoni pidió el informe preceptivo del Consell Consultiu para anular de oficio el acuerdo de la junta de gobierno municipal de abril 2010 que decidió su ascenso de subinspector a inspector de la policía local. El actual equipo de gobierno se amparaba en que uno de los miembros del tribunal que avaló la selección de Verdugo advirtió de que no contaba con «la titulación académica oficial correspondiente». Este miembro del tribunal, que actuaba como representante del Govern balear en el proceso, constató en su voto particular que Verdugo no había acreditado poseer los estudios universitarios que le dispensarían de ese requisito.
El dictamen del Consell Consultiu recuerda que el hecho de que Verdugo pudiera ser ascendido sin cumplir con las condiciones era una práctica habitual de la época: «El legislador trató de favorecer la integración de efectivos policiales en cuerpos y escalas, en un contexto en que el nombramiento de la policía local en muchos casos se había llevado a cabo de manera relativa y al margen de procedimientos selectivos informados por los principios de mérito y capacidad y de concurrencia competitiva».
«No es un caso aislado»
«Esta ilegalidad no es un caso aislado del Ayuntamiento de Sant Antoni de Portmany, sino que se llevó a cabo en otros municipios», recalca el dictamen. Para ello las administraciones locales recurrieron a buscar fórmulas con las que poder crear excepciones a la hora de llevar a cabo este tipo de nombramientos, según evidencia el propio Consell Consultiu de Balears: «En este sentido, y de manera transitoria, apostó por cursos de formación que, bajo determinados requisitos, podían ser objeto de dispensa».
No obstante, este sistema se preveía «exclusivamente para la integración», pero sirvieron como «fundamentación jurídica para aplicarlo a la promoción interna y ahí es donde anuda la ilegalidad de un nombramiento, con una dispensa que no se hallaba prevista por el legislador para la provisión de puestos de trabajo», sentencia el dictamen.
El Consell Consultiu aduce este confuso contexto legal para rechazar la posible anulación del ascenso de Verdugo a inspector, porque «lo que aquí se plantea no es la falta de la titulación académica oficial» sino si se ajustaba a la legalidad la exención que se le había aplicado. Es en este punto cuando el organismo entiende que «no queda acreditada la nulidad radical o de pleno derecho, precisamente por la complejidad de los supuestos estructurados en el ordenamiento jurídico autonómico».
Por otra parte, el dictamen también echa en cara al Ayuntamiento de Sant Antoni que no se planteara «la legalidad o no del nombramiento de Verdugo durante siete años». Así, recuerda que a raíz de las críticas del inspector al nombramiento de Ángeles Gallardo como directora de seguridad «surge un inusitado interés por el principio de legalidad que hasta entonces no se había manifestado».
