El sector del transporte de pasajeros en vehículos turismo con conductor (VTC) se ha convertido en otra víctima del mercado negro. Las furgonetas de color oscuro que suelen identificar a este servicio se han multiplicado de manera exponencial este verano sin que se corresponda con las autorizaciones administrativas: sólo existen cincuenta de ellas que puedan alquilarse legalmente con chófer, mientras que «hay más de 300 ilegales», según denuncia el vicepresidente de la Asociación de Vehículos Turismo con Conductor en Baleares, Emilio Díaz.
De momento, esta asociación ya ha podido identificar 167 matrículas de furgonetas negras que ofrecen servicio con chófer de manera irregular y permanente durante esta temporada en Ibiza. Esta lista ya se remitió el mes pasado a la Delegación del Gobierno, «sin que haya servido para nada, porque siguen ejerciendo». «Ellos van captando a gente en las calles, en las villas o en los pisos turísticos ilegales, porque son un complemento a todo este intrusismo que soporta la isla y que la está saturando», lamenta Díaz. «Si hay 3.500 o 4.000 apartamentos de oferta intrusa en plataformas de internet , esas plazas desbordan las infraestructuras y crean intrusismo en otros servicios».
Intrusismo territorial
«La mayoría de las furgonetas no tienen ninguna autorización de transporte y otras la tienen, pero de otra comunidad», detalla Díaz, en referencia a un vacío legal que permite que vehículos que pagan sus impuestos a otra administración autonómica exploten su negocio en Ibiza. «Igual que un taxi puede cargar un cliente en Barcelona hasta Madrid, pero luego no puede cargar un pasajero en el trayecto de vuelta, un vehículo con conductor puede ir de servicio a otra comunidad».
En el caso de este sector, «se limita al 20% la posibilitad de trabajar fuera de la demarcación», un porcentaje que en Balears se determina por el tiempo trabajado durante un trimestre. Es decir, «si una VTC llega el 1 de julio, el día 18 ya debería haberse ido, pero aquí hay furgonetas que llegan el 1 de mayo y se van a finales de octubre», critica Díaz. «En ninguna comunidad hay tanto trabajo como en Balears, por eso lo aprovechan y vienen aquí para pescar clientes».
La multa a la que se enfrentan los conductores de VTC con licencia de otra comunidad si superan los 18 días permitidos es de 400 euros por la primera infracción. Sin embargo, se encuentran con otra facilidad que se ha convertido en otro campo de batalla para los profesionales legales: la falta de inspectores en la plantilla del Consell de Ibiza, la Administración responsable de las competencias de la Ley de Ordenación del Transporte Terrestre.
«El número de inspectores en Ibiza no es que sea insuficiente, es que es ridículo, igual que es ridículo el número de funcionarios que instruyen las sanciones». «Bruselas ya anunció que hemos salido de la crisis, pues entonces habrá que abrir la caja de pandora para las contrataciones que sean necesarias para el funcionamiento correcto de la administración», explica. «Se han jubilado funcionarios y no se han cubierto sus plazas y entonces se agrava el problema, porque la Administración está haciendo dejación de funciones», recuerda el portavoz patronal, que no comprende que «ahora Balears tengan un Producto Interior Bruto superior al de antes de la crisis y, en cambio, el número de funcionarios sea menor».
De esta falta de control en el sector no sólo se aprovechan las VTC de otras comunidades, sino que también se ha formado un mercado negro de furgonetas de alquiler para ofrecer un servicio con chófer. Díaz recuerda el caso de la fiesta after en la mansión del Puig de sa Creu, en la que se montó un dispositivo de transfers con un mínimo de siete furgonetas de alquiler (ver Diario de Ibiza del martes 8). «Una furgoneta con chófer legal sale por mil euros al día, así que imagina lo que se han podido ahorrar de IVA».
«Nosotros facturamos el IVA, tenemos el personal asegurado, pagamos el impuesto de circulación en Ibiza y nos enfrentamos a esta gente que se lleva el dinero fuera y no aporta nada al beneficio de la isla». Emilio Díaz también se sorprende porque «no se sancionara a esos vehículos si se hizo un control de drogas, porque la Guardia Civil debe intervenir si detecta otras irregularidades».
