El presidente de la Federación Hotelera de las Pitiusas, Juanjo Riera, lamenta «la falta de voluntad política» para prohibir el alquiler de pisos y apartamentos turísticos. Riera advierte de que si no se actúa contra esta actividad y se produce una bajada de la demanda, se producirá «una quiebra en el modelo turístico».

El representante del sector hotelero pide que el Govern y el Consell sean «coherentes» y que si lo que quieren es permitir el alquiler turístico en edificios plurifamiliares, que «lo digan y dejen de marear la perdiz». «Tan solo buscan el voto de los propietarios de pisos y apartamentos en edificios residenciales que alquilan o pretenden alquilar a turistas», resalta.

Sin entrar en lo que especifica la nueva ley, Riera advierte de que «muchos presidentes de comunidades de vecinos están aburridos de esta situación» y que «no sirven de nada» las denuncias que presentan en el Consell. El director insular de Turismo, Vicent Torres, Benet, asegura que con la nueva ley el Consell dispone de «más herramientas» para combatir la oferta ilegal (ver página 4).

Si no se pone freno a la explotación turística de pisos y apartamentos, recalca el presidente de los hoteleros, se va a producir «la necesidad de que se construyan más viviendas», además de la escalada al alza de los ya «inasumibles» precios de los alquileres.

Un "refrito" de ley

Un "refrito" de leyPor su parte, el presidente de la Asociación de Viviendas Turísticas Vacacionales de Ibiza y Formentera, Roberto San Esteban, lamenta que la nueva ley turística «no cubre todas las necesidades» de la isla y que después de dos años de trabajo, para elaborar la nueva ley, el resultado es «un refrito» que deja «sin clarificar» muchas cuestiones, fundamentalmente el alquiler turístico en viviendas plurifamiliares, que, en principio, era el objeto principal de la nueva normativa, «poco consistente», según su criterio. «No creo que lo hayan conseguido», resalta, en referencia a la controversia que ha generado el desacuerdo entre Podemos y el resto de partidos que apoyan al Govern.

San Esteban sostiene que la excepción que se introduce para que un propietario pueda alquilar su vivienda habitual, incluso de un piso, durante 60 días al año o la norma que permite que una misma persona pueda alquilar un máximo de tres viviendas se tendrían que «clarificar más» porque se pueden producir muchas situaciones, algunas de ellas al margen de la legalidad.

«Algo hemos avanzado»

La parte de la ley que sí «gusta» a la asociación de viviendas vacacionales es el apartado de las sanciones a la oferta ilegal y a las plataformas que la comercializan. En este sentido, San Esteban recuerda que desde hace tiempo se reclamaba que se impusiera la obligación de que en los portales de Internet en los que se ofertan vivendas vacacionales se incorporara el número de registro de la licencia. «Algo hemos avanzado».