El Consell de Ibiza entiende que con la modificación de la Ley 8/2012 de Turismo de Balears se podrá autorizar el alquiler turístico de pisos y apartamentos en el caso de que así lo solicite alguno de los ayuntamientos de la isla. Pese a que Podemos logró el martes en el Parlament, con la suma de los votos del PP y Ciudadanos, mantener vivo el artículo 49 de la ley anterior, el que, según defiende la formación morada, impide la explotación turística de viviendas en edificios plurifamiliares (salvo en la vivienda habitual de un propietario durante 60 días al año), el director insular de Turismo, Vicent Torres, Benet, del PSOE, entiende, a la espera de ver la redacción definitiva de la ley, que no es así y que se mantiene abierta «esta posibilidad».
Torres argumenta en este sentido que el artículo 49 se refiere al tipo de viviendas, unifamiliares y pareados, que explotan las empresas comercializadoras, pero «no prohíbe expresamente» el alquiler de pisos turísticos. Reconoce, eso sí, que por culpa de este punto la ley «no ha quedado como debería». De hecho, un portavoz de la conselleria balear de Turismo señaló que esta situación genera «inseguridad jurídica», el mismo argumento que esgrimía ayer la diputada del PSIB-PSOE Bel Oliver. Hay que tener en cuenta que, con la modificación de la ley aprobada el martes, sí se elimina el artículo (el 52) en el que se prohibía expresamente el alquiler turístico en pisos y apartamentos.
El diputado de Podemos Salva Aguilera explica que su formación no se opuso a la derogación de dicho artículo porque habría supuesto «un desbarajuste total» e impediría que un propietario pueda arrendar el piso que emplea como vivienda habitual 60 días.
«No ha sido ningún despiste»
En contra de lo que manifiesta Torres, Aguilera asegura que su formación tiene «muy claro» que, tal como apunta el artículo 49, sólo se pueden explotar turísticamente las viviendas unifamiliares y pareados. «Lo que dice este artículo es lo que permite la ley, el resto está prohibido, a excepción de los casos de propietarios que quieran hacerlo en su vivienda habitual por un periodo de 60 días» resalta.
Aguilera critica que el Govern balear no quiera aceptar la situación y defiende que ya lo había advertido previamente y que el resultado de la ley no obedece a ningún «despiste». Su compañero, el diputado Aitor Morrás, agrega que el Ejecutivo autónomo no quiere admitir que ha sido Podemos «el que ha ganado la batalla».
El director insular de Turismo destaca por encima de todo «el avance» que supone, con respecto a la normativa anterior, que la ley deje ahora en manos de los consells la potestad de decidir en qué zonas de la isla se autoriza el alquiler turístico y su tipología. Torres puntualiza que la máxima institución insular respetará lo que decida cada municipio.
Torres recuerda que salvo el de Sant Joan, cuyo alcalde, Antoni Marí, Carraca, ha declarado en la prensa que mantiene abierta la posibilidad de legalizar el alquiler turístico de pisos en Portinatx, el resto de ayuntamientos de la isla han cerrado la puerta a esta actividad. Incluso el Ayuntamiento de Santa Eulària se ha avanzado al aprobar una modificación de las Normas Subsidiarias, que cuenta ya con el visto bueno de la comisión de urbanismo del Consell, para impedir la explotación turística en edificios plurifamiliares.
El alcalde de Sant Joan, del PP, rehusó ayer hacer ningún comentario sobre los planes de su gobierno en torno al alquiler turístico a la espera de saber cómo queda finalmente la ley. Hay que tener en cuanta que su partido se opone al alquiler turístico de pisos.
El director insular de Turismo también resalta que la nueva ley concede al Consell «más posibilidades» para actuar contra la oferta ilegal, sobre todo al poder sancionar a las plataformas que comercializan a través de Internet alquileres turísticos ilegales y que han hecho «mucho daño». Cuando entre en vigor la ley, tras su publicación en el BOIB, las comercializadoras estarán obligadas a publicitar el número de registro de la licencia. Aguilera agrega que ahora el Consell «ya no tiene excusas» para perseguir la oferta ilegal, fundamentalmente en pisos.
