El diputado de Podemos Ibiza Salva Aguilera rompió la armonía actual, al menos aparente, del pacto de gobierno en el Consell al arremeter ayer en el Parlament contra el PSOE. «No nos fiamos de nuestros socios en Ibiza». Con estas palabras, reprendidas desde las propias filas socialistas, Aguilera justificó el empecinamiento de su grupo en que la modificación de la Ley 8/2012 de Turismo de les Illes Balears (la ley Delgado), aprobada ayer, reconociera la situación de «emergencia habitacional» de la isla y, con ello, la prohibición del alquiler turístico en bloques de pisos (edificios plurifamiliares). Las enmiendas presentadas por el grupo morado para lograrlo fueron rechazadas. Aguilera recordó que el grupo del PSOE en el Consell ya había votado contra la prohibición del alquiler en plurifamiliares «dos veces».
Previamente, el diputado de Més per Menorca, Josep Castells, que arremetió con dureza contra Podemos, al que tachó incluso de «populista», resaltó que la propuesta de los podemistas no tenía sentido porque le corresponde a los consells insulares, y no al Parlament, decidir en qué zonas se puede ejercer el alquiler turístico, tal como prevé la ley. «Se presenta como el paladín de la justicia y la emergencia habitacional con el apoyo de la prensa. Presentan enmiendas que quedan muy bien, pero no son aplicables. Esto es populismo», resaltó Castells, quien acto seguido reconoció «la dureza» de sus palabras contra sus compañeros de la izquierda.
Ahora se abre un plazo máximo de un año para que los consells decidan a través del Plan Territorial Insular (PTI) o el llamado Plan de Intervención en Ámbitos Turísticos (PIAT), las zonas de la isla en las que se puede o no alquilar viviendas. Durante este periodo imperará una moratoria, por lo que no se autorizarán nuevas viviendas vacacionales. Los consells tendrán la última palabra sobre las zonas aptas para explotar el alquiler turístico, aunque el de Ibiza, según el director insular de Turismo, Vicent Torres Benet, tendrá en cuenta la posición de los ayuntamientos. Recuerda que, salvo el de Sant Joan, todos los municipios ya han manifestado su oposición a que se alquilen pisos turísticos.
La diputada del PSOE Bel Oliver resaltó durante el debate que la declaración de emergencia habitacional propuesta por Podemos estaba «vacía de contenido». «No hemos visto ninguna propuesta en la que propongan una definición de este concepto. Esta no es la ley apropiada para resolver este problema», remarcó Oliver, quien reconoció, no obstante, ser «consciente» del «enorme problema de vivienda que sufre Ibiza, que es muy grave», y que su solución debe ser transversal, con la participación del Estado.
Aguilera, por su parte, subrayó «el infierno» que se vive en Ibiza con «caravanas convertidas en viviendas o el alquiler de terrazas por 500 euros» por culpa del alquiler turístico, que expulsa a los ciudadanos de las casas alquiladas. «No se trata de la regulación de una actividad económica, sino de la defensa de un derecho humano», justificó el diputado.
Prohibición en plurifamiliares
Sin embargo, Podemos se salió con la suya al lograr, con la suma de los apoyos del PP, Ciudadanos y las dos ex Podemos Xelo Huertas y Montse Seijas, que se mantenga el artículo 49 de la versión anterior de la ley, que es el que regula que sólo se pueden destinar al alquiler turístico las «viviendas unifamiliares aisladas o pareadas» (la prohibición del PP del alquiler en plurifamiliares). Se introduce como novedad, eso sí, que los propietarios de las viviendas (han de ser residencia habitual) puedan alquilar habitaciones por un periodo máximo de 60 días al año como medida para completar la renta familiar o el pago de la hipoteca. «El derecho a la vivienda ha ganado a la especulación», resaltó la diputada de Podemos Laura Camargo. «Estamos muy satisfechos de que haya quedado prohibido el alquiler en plurifamiliares», agregó la aspirante a liderar la formación morada en Balears.
Sin embargo, el Govern sostiene que, pese a que se mantenga el artículo 49 de la ley anterior, los consells podrán permitir el alquiler en plurifamiliares porque así lo contempla la exposición de motivos de la modificación aprobada.
