La semana que viene entrará en vigor en Balears una nueva ley más dura contra el alquiler ilegal. Mucho más dura: Podemos consiguió ayer multiplicar por diez la multa máxima prevista, para incluir en la regulación sanciones de hasta 400.000 euros a plataformas tipo AirBnb cada vez que alquilen ilegalmente a turistas casas y pisos que no cuenten con un número de autorización expedido por la conselleria de Turismo. De este modo, la normativa que se aprobará el martes en el pleno del Parlament mantiene el espíritu del planteamiento realizado desde la conselleria de Turismo de Biel Barceló (Més), que eleva las multas a entre 20.000 y 40.000 euros a los propietarios que arrienden sus viviendas sin permiso de turismo, al tiempo que paraliza temporalmente la concesión de licencias de arrendamiento vacacional, multiplica las exigencias y requisitos a quien quiera alquilar a turistas y facilita la persecución de los propietarios infractores y plataformas de alquiler ilegal masivo como AirBNB.
El acuerdo llega después de que Podemos lo dejase en el aire horas antes, al asegurar que no apoyaría la ley si no se declaraba la «emergencia habitacional» en Palma y Ibiza, una exigencia que no es ni mucho menos retórica: supondría prohibir totalmente el alquiler turístico en ambas zonas. Esa opción sigue sin generar consenso, por lo que Podemos la utilizará hasta el próximo martes como última herramienta de presión al Govern para que haga la norma más dura.
El planteamiento de Podemos es que si no se declara el martes que viene la emergencia habitacional en Palma y la isla de Ibiza, votarán para que siga vigente un artículo concreto de la ley aprobada por el Govern Bauzá (PP) en 2012, el 49, el que declara ilegal cualquier alquiler a turistas en pisos de edificios plurifamiliares. Es decir, o se impide el arrendamiento vacacional en Palma y la isla de Ibiza, o Podemos hará que siga estando prohibido en todo el territorio de Balears.
Dos pisos por propietario
Más allá de esta «emergencia habitacional», a la que Més y PSIB se oponen porque creen que eso hará que la ley sea tumbada en los tribunales por invadir competencias urbanísticas de los ayuntamientos y consells insulares, la nueva normativa endurecida entrará en vigor la próxima semana. A ella se incorporan las multas de hasta 400.000 euros a plataformas tipo AirBnb que alquilen pisos sin licencia turística, del mismo modo que se añaden desde ayer otras exigencias de Podemos como que se aumente la plantilla de inspectores para perseguir el alquiler ilegal (ahora hay solo quince) o como que cada propietario pueda alquilar a turistas, como máximo, dos inmuebles.
Además el partido liderado en las islas por Alberto Jarabo ha conseguido la autorización de una nueva forma de alquiler: todo propietario podrá arrendar su residencia habitual a turistas durante un máximo de 60 días al año (y siempre y cuando en la zona esté permitido, haya plazas de alquiler disponibles en la bolsa turística de cada isla y quien lo haga tenga licencia de la conselleria de Turismo).
Cambiar multas por alquiler social
Podemos, Mes y PSIB pactaron también ayer la opción de que los propietarios que sean sancionados con hasta 40.000 euros por alquilar ilegalmente puedan librarse del castigo metiendo su vivienda en una bolsa de alquiler social, para que sea aprovechada de ese modo durante tres años. En esa línea, acordaron instar la reforma del Impuesto de Turismo Sostenible, la llamada ecotasa, para que se use parte de su recaudación de más de 60 millones al año a financiar obras de rehabilitación de viviendas para alquiler social.
El punto caliente es así la «emergencia habitacional», que Podemos insiste en incluir sí o sí en la reforma. Para ello negociará con el Govern, al que ofrece de aquí al martes la posibilidad de aceptar esa cláusula a cambio de permitir alquiler de pisos en edificios plurifamiliares bajo algunos supuestos y en ciertas zonas. Més y PSIB recalcan a su vez que declarar la emergencia y prohibir unilateralmente el alquiler invade competencias de los ayuntamientos y podría ser causa de nulidad de la ley.
