En los casi 30 años que Ahmed Bouchar reside en Ibiza, nunca se había imaginado que podría acabar en la calle, sin techo. En 1990 se marchó de su ciudad natal, Chauen, en Marruecos, para buscar trabajo en la isla. Desde entonces, ha residido en Sant Antoni, donde ha formado una familia. Durante los últimos años se ha ganado la vida como jardinero y con su salario ha intentado mantener a su familia, formada por su mujer y dos hijos menores de edad (una niña de siete años y un niño de cinco), y pagar el alquiler. Nunca se planteó regresar a su país, ni siquiera en los peores años de la crisis económica por la que atravesó España. Sin embargo, Bouchar se ha convertido en otra víctima más del problema de la vivienda. Si nadie le ayuda, este fin de semana su familia y él se quedarán en la calle porque concluyó su contrato de alquiler y la justicia le obliga a desalojar este fin de semana la vivienda en la que reside desde hace tres años, en la calle Ignasi Riquer.

«Desde que supe que no me renovaban el contrato he buscado casa en todos los municipios de la isla, no solo en Sant Antoni, pero no he encontrada nada. No tenemos dónde ir, no hay pensiones libres y nuestros amigos o conocidos no tienen sitio en su hogar para acogernos a todos», explica, con desesperación, el afectado.

Antes de conocer la fecha en la que tendría que abandonar la vivienda en la que residía, Bouchar acudió al Ayuntamiento de Sant Antoni para solicitar ayuda. Según este vecino, los profesionales del Área de Servicios Sociales le dijeron que volviese cuando supiese la fecha exacta del lanzamiento.En desamparo

En desamparoEl pasado 28 de marzo una sentencia estableció el 25 de mayo como la fecha prevista para el lanzamiento, pero Bouchar consiguió una prórroga: hoy deberá abandonar de forma voluntaria la vivienda y entregar las llaves al abogado de su arrendadora. En caso de incumplimiento, tendrá que ser desalojado mañana.

Ante esta urgencia, este vecino de Sant Antoni volvió ayer por la mañana al Ayuntamiento, pero desde Servicios Sociales sólo le dijeron, según el relato del afectado, que se buscase una pensión u hostal y que cuando tuviera una habitación le darían 600 euros. «No he encontrado habitaciones disponibles en ningún alojamiento de Sant Antoni. Además, una trabajadora social me preguntó por qué no pedía ayuda en una mezquita», criticó Bouchar.

Asimismo, añadió que para evitar que sus hijos se queden en la calle, la única solución de Servicios Sociales es enviar a los menores a Marruecos.