El juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Palma ha confirmado una sanción de 8.000 euros al propietario de un piso situado en Platja d'en Bossa que era alquilado a turistas de forma ilegal. El Consell había multado a esta persona, que recurrió judicialmente la sanción, pero ahora el juez ha dado la razón a la institución ibicenca y obliga además a este particular a pagar las costas judiciales.

El dueño del piso, ubicado con el edificio Es Pins de la calle Alzines, alegaba en su recurso ahora rechazado que no había cometido ninguna infracción, que el Consell no está capacitado para sancionar y que la multa era retroactiva, argumentos todos ellos desestimados por el juez.

Ningún registro ni inscripción

La sentencia confirma que «el apartamento de referencia se comercializa a través de dos páginas de internet y presta de manera opcional servicio de limpieza y de recogida de clientes en el aeropuerto», tal y como señalaba el acta de inspección de la conselleria insular de Turismo. «Se hace hincapié además en que no se aporta por el titular ni la inscripción en el registro de empresas turísticas, ni la declaración responsable de inicio de actividad», añade la resolución judicial.

Además, «se trata de un inmueble que forma parte de un edificio en régimen de propiedad horizontal, no susceptible de comercialización turística, y constituye por ende una infracción grave».

La propiedad alegó que no se trataba de un alojamiento turístico, sino de un arrendamiento ordinario, sujeto a la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), pero «tal motivo de oposición decae, porque [la propiedad] no aporta prueba de descargo que invalide las pruebas existentes en su contra», matiza la sentencia.

Del mismo modo, el juez rechaza la falta de competencia del Consell que alegaba el recurso, puesto que la institución ha aportado los decretos que así lo acreditan.

Según informó el equipo de gobierno, están a punto de dictarse dos sentencias más sobre casos parecidos.

Esta es la primera resolución judicial conocida relativa a sanciones impuestas por el Consell de Ibiza contra el alquiler de pisos turísticos, actividad prohibida actualmente.