El Parlament balear aprobó ayer, a propuesta de Podemos, una moción por la cual se insta al Gobierno central a que rescate las autovías de Ibiza, tal como ha hecho con las radiales de Madrid, y a requerir a la concesionaria de la autovía del aeropuerto (UTE Accesos Ibiza) a que antes de julio del año que viene retire toda la tierra acumulada en los terrenos de Platja d'en Bossa del Grupo de Empresas Matutes.
En el caso de que la empresa haga caso omiso al requerimiento, será el Govern, según este acuerdo, el que se haga cargo del traslado de la tierra a una cantera en vía de regeneración, «repercutiendo el coste a la empresa responsable», pero «siempre que sea legalmente posible». El PSOE forzó a Podemos a incluir esta coletilla al tener dudas sobre la legalidad de la propuesta.
De hecho, la conselleria de Territorio, en manos del PSOE, ha apuntado repetidamente que no pensaba forzar la retirada de las montañas de tierra de las obras de la autovía porque, al existir un acuerdo, ratificado por el Tribunal Supremo, entre la propiedad de los terrenos y la concesionaria para destinar los áridos a un futuro campo de golf, «no es responsabilidad del Govern balear».
El diputado del PSOE Enric Casanova insistió ayer en que debe ser la concesionaria la que retire la tierra y no el Govern, y presentó una enmienda a este punto en este sentido. Podemos no aceptó dicha alternativa, pero sí añadir la coletilla «siempre que sea legalmente posible». «No vamos a hacer que el Parlament inste a hacer algo que no sea legal», justificó Morrás.
Ocho millones de coste
Acto seguido, el diputado de Podemos explicó que «no hay ningún problema» en que sea el Govern el que retire la tierra sin coste alguno (si la UTE Accesos Ibiza se niega a ello), ya que la Comunitat Autònoma paga entre 11 y 12 millones cada año a la concesionaria, cuantía a la que debería restar los ocho millones que, según los técnicos de la conselleria, costaría el traslado de los áridos a una cantera.
Además, agregó Morrás, el propio Matutes (el exministro de Asuntos Exteriores y propietario de los terrenos) ha pedido «por activa y pasiva en público» la evacuación de la tierra de su propiedad. «No pasa nada [por hacerlo]. Lo demás serían excusas de mal pagador».
Por su parte, el diputado del PP Miquel Jerez se limitó a asegurar, en contra de lo manifestado reiteradamente por Matutes, que «se ha demostrado que hubo un acuerdo entre la empresa y la concesionaria». «Lo que dice la sentencia se deberá respetar», agregó.
El botones Sacarino
Morrás destacó que Jerez hubiera reconocido el acuerdo entre la propiedad y la concesionaria (Matutes lo negó en la comisión de investigación de las autovías), al tiempo que le llamó «botones Sacarino» al «servicio de Matutes». El PP se abstuvo en este punto.
En cambio, el grupo popular votó en contra de solicitar al Gobierno central el rescate de las autovías. Jerez tachó esta propuesta de «chapuza administrativa», ya que, pese a estar de acuerdo en el fondo (que el Estado pague las autovías), subrayó que «no es posible» que Madrid rescate una concesión que no ha otorgado [lo hizo la Comunitat Autònoma pese a que la competencia de carreteras era del Consell]. «No se puede recuperar lo que nunca se ha tenido. Se dijo desde el minuto uno de la comisión de investigación y 10 personas lo ratificaron», advirtió Jerez. «Madrid ha de pagar, pero como toca, mediante los convenios no ejecutados y que en su día denunció Magdalena Álvarez [exministra socialista]», agregó Jerez.
