El Govern balear está ultimando la redacción de un decreto ley que prevé aprobar «en breve» con el que pretende avanzar de cara a este verano algunas de las medidas proyectadas, en la revisión de la ley de transportes de Balears, contra el intrusismo en este sector. Entre otras cuestiones, se prevé calificar como infracción muy grave, con sanciones de entre 6.000 y 12.000 euros, la oferta de transporte ilegal (taxis 'pirata', entre otras modalidades) a través de una web u otros medios publicitarios.

La conselleria balear de Territorio, Energía y Movilidad presentó ayer en el Consell balear de Transportes las medidas previstas en este decreto ley, además del plan de inspecciones contra el intrusismo que se centrará en los accesos a los aeropuertos de Ibiza y Mallorca y en la lucha contra las páginas web que ofrecen transporte ilegal.

Campaña especial en Ibiza

Al igual que el año pasado, el Ejecutivo autónomo proyecta firmar un convenio con el Consell de Ibiza para desplazar a la isla a 12 inspectores de Mallorca para trabajar, en colaboración con las policías locales de los municipios y la Guardia Civil, en la caza de los llamados taxis 'pirata'. La campaña de inspecciones arrancará en junio y se prolongará hasta septiembre.

Además del refuerzo en la inspección y «el endurecimiento», según la conselleria, de las sanciones, el decreto ley también contemplará la ampliación del tiempo de inmovilización de los vehículos que se empleen para «actividades ilegales».

Otra de las cuestiones previstas por el Govern es «una mejor regulación» de la oferta de vehículos de alquiler con conductor (VTC), sobre todo para controlar su llegada a la isla procedentes de otras comunidades autónomas donde sí cuentan con la correspondiente autorización. «Su actividad fuera de su territorio no puede superar el 20%. Es una medida de control del fraude», explica la conselleria a través de un comunicado.

El decreto ley también incluirá mejoras en la regulación de las actividades de intermediación de las empresas de transporte discrecional, con el objetivo de aclarar y dar «más seguridad jurídica» al sector. Esta medida permitirá dar cobertura jurídica a los contratos entre empresas de transporte para cubrir puntas de demanda no planificadas que habitualmente se producen durante la temporada alta.