No sólo sa Casa des Motor de es Codolar ha pasado de ser un almacén a convertirse en una vivienda con todo tipo de comodidades (y además ha privatizado una mota donde nidifican aves protegidas), sino que otra construcción salinera ha sido también transformada, desde hace ya cierto tiempo, en apartamento dedicado al alquiler.
Se trata de la llamada Casa des Carro, situada también en es Codolar, pero más al sur, concretamente justo al lado del restaurante que existe en el extremo de esta playa. Allí desemboca el camino de tierra que procede de la carretera de ses Salines.
Esta caseta ha sido vallada con una pantalla de brezo que exhibe carteles alertando de la existencia de cámaras de videovigilancia, dispone de un transformador eléctrico, aire acondicionado, tumbonas en su terraza y otras comodidades propias de una vivienda.
La conselleria de Medio Ambiente del Govern balear confirmó que su uso como vivienda data de hace diez años, si bien está estudiando su legalidad, pues existen denuncias presentadas en 2009 por los agentes de Medio Ambiente sobre un posible aumento de edificación.
A diferencia de la construcción sobre la que informó ayer este diario, la Casa des Carro no se encontraría, por muy pocos metros, dentro del dominio público marítimo-terrestre, si bien limita físicamente con los estanques salineros.
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En cuanto a una tercera edificación salinera, la llamada refugio número 1, que se encuentra en el centro de una zona de estanques, muestra un gran anuncio de una empresa privada, que ha sido pintado en una de sus fachadas y la ocupa por entero. La conselleria recordó que la publicidad está prohibida en el dominio público (como son los estanques) tanto por la Ley de Costas como por el Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) en todo el ámbito del Parque Natural. Medio Ambiente admitió además el «significativo impacto visual y paisajístico» ocasionado por este mural publicitario.
En cuanto al antiguo almacén de sa Casa des Motor (o Refugio número 3), a la que el Govern ha abierto expediente sancionador, el director de Salinera Española en Ibiza, José María Fernández, defendió recientemente la legalidad de las obras realizadas, admitió que la empresa lo está alquilando como vivienda y dijo que antes la estructura «era una ruina».
El Govern considera que los trabajos allí realizados, junto con la privatización de la mota de sa Llonganissa, de 1,5 kilómetros de largo, pueden constituir una infracción grave, y por ello, Salinera podría enfrentarse a una sanción que oscila entre los 6.000 y los 100.000 euros. Sin embargo, la instrucción del expediente puede acabar modificando la calificación de la infracción.
