El acuerdo del Parlament para estudiar una subida del impuesto turístico, cuando aún no hace ni un año que se empezó a cobrarlo, ha sido recibido con críticas de los hoteleros, que siempre han sido contrarios a esta nueva ecotasa. Pero tampoco gusta a la Asociación de Viviendas Turísticas de la Pimeef, que agrupa al 75% de la oferta legal de la isla, unas 1.800 casas. Aunque apoyan el impuesto, su presidente, Roberto San Esteban, lamenta que ahora se plantee aumentarlo «cuando ha costado sangre, sudor y lágrimas implantarlo».
Y es que en su gremio, para poder recaudar la tasa, han tenido que pedirle al huésped «que se pase por la oficina», muchos de ellos son reacios a dar sus datos y la mayoría de agencias intermediarias no les avisaron con antelación del tributo, que empezó a cobrarse en julio del año pasado. «Ha sido francamente difícil, lo hemos conseguido encauzar y es poco serio que ahora digan que van a subirlo para sacar más dinerito, porque han visto lo productivo que les resulta».
El presidente de la Federación Hotelera pitiusa, Juanjo Riera, coincide con ese diagnóstico: «Van a lo fácil. Subir el impuesto no tiene un coste político» para el tripartito. Tampoco para Podemos, promotor de la moción. Al contrario, Riera considera que «buscan rédito político atacando al sector hotelero», convertido en este caso «en recaudador y liquidador» de un impuesto que sólo pagan sus huéspedes.
La oferta ilegal se libra
Y es que ambas patronales recuerdan que la ecotasa sólo la pagan los turistas que se alojan en la oferta legal. San Esteban denuncia que el Govern ha sido incapaz de meter mano a la cantidad de apartamentos turísticos y adosados que se alquilan, pero también se escapan «los comercializadores y las agencias pirata que no recaudan, y si lo hacen se lo meten en el bolsillo porque no pagan, desde luego».
Para él es «inconcebible e inaceptable» que esta oferta ilegal siga campando a sus anchas y pide al Govern que pase de la voluntad a los hechos: «Hace falta perseguir de forma más constante y hábil, con sanciones ejemplares para mentalizar a los propietarios de que se va en serio». También destacó el trabajo de los inspectores de Hacienda para hacer aflorar esta oferta irregular, sobre todo rastreando movimientos «inusuales» de dinero en los bancos.
«Lo que no nos gusta es que se quieren legalizar los pisos turísticos con la excusa de que así les cobrarán el impuesto», insiste Riera, que cree que esto equivale «a crear más problemas», que vendrán con la mezcla de usos turísticos y residenciales en un mismo edificio. En su opinión, «se debe mantener la prohibición» actual, porque recuerda que la Ley de Arrendamientos Urbanos ya excluye claramente los pisos que se comercializan en portales turísticos «y es la Comunitat la que ha de legislar».
El presidente de los hoteleros dice que para poder actuar contra esta ingente oferta ilegal en la red, bastaría con «mejorar la Ley Turística», obligando a los portales «a poner el número de licencia turística» en estos anuncios y con sanciones para quien lo incumpla.
No se reinvierte en las Pitiusas
Otra crítica que comparten ambas patronales es el destino de la recaudación, porque ambos denuncian que «lo que se recauda en Ibiza y Formentera no se invierte en ellas. Luego el Govern la distribuye como quiere», asegura Riera. San Esteban señala que su colectivo apoyaba un tributo anunciado «para mejorar aspectos medioambientales y necesidades de las islas a nivel ecológico y paisajístico, pero no lo están haciendo».
Riera, además, pronostica el fracaso de otra de las bondades con que Podemos trataba de vender la subida de la ecotasa: que con un incremento se podría incidir en la saturación de visitantes de julio y agosto. «No lo conseguirán», señala, porque la mayoría de turistas se van de vacaciones «en función del calendario escolar y universitario» y las clases sólo se paran durante el verano en los mercados emisores.
