Propietarios de amarres del puerto deportivo Marina Botafoch han denunciado ante este periódico los intentos de la empresa concesionaria de apoderarse mediante «coacciones puras y duras» de los amarres de pequeño y mediano tamaño, titularidad de «gente que vive todo el año en Ibiza», para poder explotarlos luego directamente y destinarlos además a grandes yates.

Estas quejas, formuladas por Carlos Harto y Rafael Merry del Val, propietarios afectados por esta situación, se producen después de que la actual concesionaria haya cambiado su composición accionarial y haya pasado a ser controlada por un grupo cuya cabeza visible es el empresario mallorquín Nicolás Mayol, que aspira a ver renovada la concesión en el año 2019.

Harto denuncia que con el nuevo proyecto que está tramitándose ante la Autoridad Portuaria, la empresa concesionaria, «que sólo tiene el 20% del puerto deportivo», pretende pasar a controlar el futuro de los amarres, de modo que sus propietarios pasen a tener un «papel subordinado» respecto a la empresa, pese a que según la normativa vigente tienen los mismos derechos. «Lo que quieren es echarnos», resume.

La concesionaria aspira a obtener una prórroga por quince años más, «pero si se amplía el plazo de concesión, se debe ampliar para todos», incluyendo a los amarristas para que conserven los derechos que siempre han tenido y que les reconoce la normativa. Según afirmó, el mismo problema ocurre con los locales comerciales de este puerto deportivo, que pasarían a estar controlados por la concesionaria. «Sus actuales explotadores están muy preocupados», afirmó Harto, quien usó la palabra «expropiación» para referirse a las tácticas que está empleando la empresa de Nicolás Mayol. «Hay que recordar que estamos hablando de un terreno que es de dominio público», recordó.

Según publicó este periódico hace ahora un año, el proyecto en trámite prevé aumentar a 12 la eslora mínima para amarrar en Marina Botafoch, lo que eliminará nada menos que 208 amarres de seis, ocho y diez metros de eslora. «Se cargan todos los amarres pequeños, concretamente los de la gente que vive todo el año en Ibiza», afirmó Harto.

Por su parte, Rafael Merry del Val denunció que él y otros amarristas se han visto imposibilitados de botar su barco al mar durante estos días porque la concesionaria lo ha impedido. «Piden que les paguemos los gastos de comunidad a ellos, pero yo sólo pago a la comunidad legalmente reconocida», afirmó.

Merry del Val también aseguró que el verdadero propósito de la empresa es construir una sala de fiestas en el puerto deportivo, concretamente cerca del hotel El Corso, así como un beach club, para hacer más rentable su inversión. Este amarrista también dijo que la concesionaria quiere «extirpar» del puerto deportivo «los barcos pequeños y medianos para poner grandes esloras».

Asimismo, aseguró que los amarristas que no se pliegan a sus exigencias se ven privados del uso de los servicios de varadero o de gasolinera. «Nos quieren avasallar», afirmó.

Este diario invitó a Nicolás Mayol a exponer su versión de los hechos, pero declinó hacerlo por el momento.